En el Tribunal Supremo, Vox ha presentado una denuncia contra Salvador Illa por los acuerdos del Ministerio de Sanidad para abastecer equipo médico. El partido liderado por Santiago Abascal se enfoca en alrededor de una veintena de asignaciones por valor de 623 millones de euros a compañías que no pertenecían al rubro o no estaban recomendadas.
La denuncia, es presentada contra Salvador Illa en el tribunal superior debido a su condición de aforado. Específicamente, solicita a la Sala Segunda que inicie un proceso judicial en su contra por los delitos de prevaricación, estafa y desvío de fondos públicos y que investigue supuestas irregularidades en estas asignaciones que se tramitaron de manera urgente.
Compañías fraudulentas.
Entre las compañías incluidas en la denuncia destaca FCS Select Products, sociedad cuya gerente fue sentenciada por fraude y que habría pagado 2 millones de euros en sobornos a Alberto González,
Empresas que han vuelto a salir a la luz pública debido al estallido del caso Koldo han revelado que algunas de ellas, como FCS Select Products, fueron remuneradas con recursos europeos. De hecho, Anticorrupción informó a la Fiscalía Europa a petición de esta última.
Vox solicita al tribunal supremo que examine las «anomalías» de estos contratos ‘a dedo’ de Salvador Illa considerando que una gran parte del material comprado llegó en estado insatisfactorio. Argumentan que estas asignaciones se llevaron a cabo con el «conocimiento y autorización» del antiguo ministro Salvador Illa en todos los escenarios.
«Enigmáticas compañías chinas «
De manera pública se informó que el Ministerio de Salud dirigido por Salvador Illa otorgaba sin justificación a las enigmáticas compañías chinas a un valor casi cinco veces superior al establecido por el propio Ministerio en el Acuerdo Marco para las Comunidades Autónomas», indica la querella. La misma señala que, de todas las asignaciones que decidió en ese momento el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)al menos doce de ellas fueron para empresas cuya existencia se cuestiona por no tener ninguna identificación fiscal.
Vox resalta que varias de las beneficiadas eran de reciente creación y con un capital social insignificante, siendo además que no tenían vínculo con el ámbito de la salud. Por consiguiente, solicita al Tribunal Supremo que indague un total de 17 acuerdos que se asignaron desde Ingesa durante los meses más difíciles de la pandemia.
Weihai Textile Group
Destaca el acuerdo realizado con la empresa Weihai Textile Group para la provisión de batas de un solo uso por más de 8 millones de euros y que también se habría financiado con fondos provenientes de la Unión Europea. Esta compañía no se encontraba dentro de la lista de empresas recomendadas por el gobierno chino y vendió el material sanitario a cincuenta veces el precio del mercado .
Vox también incorpora el convenio con Hong Kong Travis Asia Limited; siendo uno de los contratos más destacados del Gobierno de Pedro Sánchez tanto por su alto costo (más de 200 millones de euros en diferentes adjudicaciones) como por la falta de transparencia de la firma, de la cual tampoco se tienen registros públicos. El partido advierte que el informe explicativo solo indicaba el suministro de 56,2 millones de mascarillas sin especificar ninguna clasificación.
Ante el Supremo, la pandemia
La compañía asiática fundada con una inversión de solo 1.200 euros y esconde detrás una estructura empresarial que hace difícil rastrear a sus verdaderos propietarios. De manera similar, ocurre con Hong Jin Medical Science and Tecnology Services, a la cual se le otorgó la compra de equipo médico por más de 51 millones de euros, aunque no cuenta con una identificación fiscal, nacional, domicilio u objeto social conocido.
Vox también adjunta el contrato suscrito el 24 de marzo de aquel 2020 con la compañía Hyperin Grupo Empresarial para la adquisición de 144 respiradores. El partido resalta que la actividad principal de esta empresa es la «producción de artículos de cartón-yeso para la edificación».Como informó este medio, se desembolsaron 3 millones de euros del erario público sín que se recibiera material alguno.
Asignaciones arbitrarias y neposticas
En relación a esto,Vox alega que ocurrieron asignaciones «arbitrarias y nepotistas» por las cuales Salvador Illa debe rendir cuentas, ya que desde enero de aquel 2020 se conocía la gravedad de la situación debido a las advertencias de la OMS. Por lo tanto, denuncia que no existen criterios objetivos en la contratación y que el proceso carece de transparencia. «Las consecuencias de una completa desviación de la normativa reguladora en la adjudicación de emergencia no están exentas de responsabilidades, incluyendo las penales», indican.
El caso Koldo y el consentimiento de Salvador Illa
Asimismo, la denuncia hace referencia a las manifestaciones de tres funcionarios de alto rango de los Departamentos de Salvador Illa y de María Jesús Montero, que están investigados por un tribunal en Plaza Castilla por los contratos en Sanidad. Vox, que actúa como acusación en dicho proceso y que ha solicitado su reapertura, recuerda que el ex director de Ingesa, Alfonso María Jiménez, explicó que «no conocía a ninguno de los proveedores que fueron adjudicatarios».
De igual forma, mencionó que tenía reuniones personalmente con el ministro dos veces al día, «a las ocho de la mañana y a las seis de la tarde». Sin embargo, las diligencias están archivadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, a petición de la Fiscalía, argumentando que la actuación fue «conforme a la ley» y que no se pudo demostrar que hubiera prevaricación o malversación en estas adjudicaciones.
La denuncia de Vox
Esta agrupación política liderada por Abascal recupera actualmente estos testimonios con el fin de fortalecer la supuesta culpabilidad penal del antiguo encargado de Sanidad, al mismo tiempo que recalca que en ningún momento se ha revelado la identidad de los individuos que conformaban el «grupo multidisciplinario de especialistas», supuestamente encargados de buscar y manejar las adquisiciones con los proveedores.
Vox agrega además que de las diligencias que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional sobre el asunto Koldo se infiere que Salvador Illa tenía «conocimiento directo, preciso y oportuno». Es importante destacar que uno de los informes de la UCO expone las conversaciones entre los involucrados de la red en las cuales mencionan su intención de proveer material también a este departamento; situación que finalmente ocurrió.
Por lo tanto, Vox pedirá que se inicie un proceso por supuesta prevaricación, desfalco y engaño, que se obtengan de Sanidad todos los registros de estos contratos covid y que se incorporen del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid los testimonios de las tres autoridades superiores de Sanidad y Hacienda que han sido investigados por algunas de estas adjudicaciones.
Se solicita los informes de la UCO
De igual forma se solicita incorporar los informes de la UCO referentes a la administración de Sanidad en los contratos con Soluciones de Gestión y que se envíe oficio a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que se designen a expertos que evalúen dichos contratos. Por último, Vox insta al Supremo a que se dirija a la Fiscalía Europea para que se le haga la correspondiente propuesta de acciones.
