Agencia Tributaria y el novio de Ayuso
Soledad Fernández Doctor, la directora de la Agencia Tributaria (AEAT), ha señalado a la Fiscalía como el origen de la filtración de los datos fiscales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta alta funcionaria es la primera representante de Hacienda que ha dado explicaciones sobre la filtración y divulgación de los datos fiscales de este contribuyente.
En relación a cómo la ministra de Hacienda tenía conocimiento de los pormenores que desveló el 12 de marzo en el Senado y si ha puesto en marcha una investigación en la AEAT, Fernández Doctor ha dejado entrever en su respuesta que no ha iniciado esta secuencia interna, dado que ha descartado que la filtración provenga de la AEAT.
Más de 800.000 inspecciones de Hacienda
Cada año, la Agencia Tributaria verifica a 800.000 individuos y compañías con un enfoque amplio y exhaustivo, en la situación de la Inspección, y se pueden contar con una mano los incidentes que se hacen públicos», afirmó. A pesar de la labor de la Agencia, «nunca se divulgan cuando están siendo evaluados por la AEAT», añadió.
En la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta, la directora de la AEAT ha enfocado su atención en la Fiscalía, sin mencionarla, en defensa de la confidencialidad del Fisco. Aunque ha dado una explicación suficiente, ha admitido que ha habido una filtración y ha indicado que la filtración y divulgación de estos datos fiscales ocurrió después de concluir la verificación de la Agencia Tributaria.
En la conferencia de seguimiento presupuestario del año 2023, no se cuestionó a María Jesús Montero sobre su divulgación de información fiscal, un tema del que solo se ha referido brevemente en una declaración informal a los medios.
El novio de Ayuso y la inspección de Hacienda
Justamente este miércoles se ha informado que Alberto González Amador ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por presunta divulgación de información confidencial, según han corroborado fuentes legales a Vozpópuli .
También es objeto de la querella el fiscal especializado en infracciones económicas, Julián Salto, en relación a un comunicado emitido por un medio oficial de la Fiscalía en el que se informaba sobre la intercambio de emails entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal en relación a la investigación contra la compañera de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto fraude fiscal.
El 15 de marzo pasado, desde el círculo cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid se sugería que González Amador estaba tramando tres demandas: contra María Jesús Montero, la Fiscalía y la inspectora de la Agencia Tributaria por divulgación de información confidencial.
Denuncias contra María Jesús Montero
El 26 de marzo, la Fundación Foro Libertad y Alternativa ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo en contra de Montero y otra contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, . Se les atribuyen a Montero supuestos delitos de exposición de secretos y revelación, y a García Ortiz, se le imputan cargos de incumplimiento de custodia de documentos y vulneración de secretos previstos por la ley.
En relación a la ministra de Hacienda, opinan que «habría utilizado su posición para obtener acceso no autorizado a información confidencial de carácter personal, y haberla difundido con el objetivo de de la presidenta de la CAM y de forma indirecta en la actualidad».
El delito que presuntamente habría cometido María Jesús Montero contra el novio de Ayuso
Si se confirma, «estaríamos ante una acción muy seria: el uso del dispositivo estatal fuera de la ley con el fin de perjudicar a un oponente político, en lo que sería un presunto crimen de descubrimiento y revelación de información confidencial, según se describe en los artículos 197.2 y siguientes del Código Penal», concluyen.
Y la conducta del procurador general piensan que «afectó la garantía de defensa y la imparcialidad y autonomía del Ministerio Público, que se ve transformado en un simple apéndice del Poder Ejecutivo».
Preocupación en Hacienda
La confidencialidad de los datos fiscales que regula la Legislación General Tributaria no solo impide su divulgación, sino que se le prohíbe al propio ministro de Finanzas, ya que están limitados a la Administración Tributaria para los fines establecidos por la ley.
A las 17.05 horas del 12 de marzo en el Senado, Montero mencionó, en declaraciones grabadas, una información desconocida sobre la pareja de Díaz Ayuso. Posteriormente, a las 21.29 y 21.38 horas, El País y elDiario.es, respectivamente, publicaron dicha información. Esta se refería al presunto engaño que Alberto González Amador habría cometido al cobrar pagos ocultos en la venta de mascarillas, con los cuales habría adquirido una propiedad junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Únicamente el informe se encuentra en el registro de la Agencia Tributaria que registra la inspección a este contribuyente -y en las actas y documentos en posesión de la AEAT-. Un informe que la Fiscalía ha recibido y en el cual se basa la acusación del Ministerio Público.
Las mentiras de Montero sobre los datos fiscales del novio de ayuso
Además, Montero se aseguró de aclarar que no poseía más información sobre la auditoría fiscal a González Amador que la que se había difundido en los medios de comunicación.
En dichas declaraciones, Montero llamó a la presidenta regional madrileña a ofrecer explicaciones y actuar «con total transparencia en relación a si realmente, tal como se ha difundido en los medios de comunicación, reside en un apartamento que fue adquirido fraudulentamente a la Hacienda Pública y que fue pagado con comisiones relacionadas con las mascarillas en el peor momento de la pandemia». Solo hubo un pequeño fallo: al pronunciar estas palabras, ningún medio de comunicación había publicado nada.
A primera hora del 12 de marzo, se publicó en ElDiario.es que la pareja de Ayuso estafó a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, por un monto de 350.951 euros. Esta información se basaba en la denuncia de la Fiscalía y pudo haber sido proporcionada por ésta, el Juzgado o Hacienda.
Todo para tapar la corrupción del PSOE
En medio del escándalo de la trama Koldo, y después de que se hiciera pública la relación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con algunas empresas, y el mismo día en que se votaba la creación de una comisión de investigación, la oportunidad de difundir esta información para el Gobierno no evitó que las fuentes consultadas por Vozpópuli constataran que los datos revelados resultaban ser verdaderos y estaban de acuerdo con una inspección que ha seguido los cauces habituales y los tiempos establecidos. No obstante, las declaraciones de Montero en el Senado generaron preocupación entre los inspectores.
Consecuencias
En fecha del 13 de marzo, la presidenta de la IHE (Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado), Ana de la Herrán, afirmó: «Si se divulgan datos antes de su divulgación por parte de los políticos, se cuestiona el carácter confidencial de la información personal con relevancia tributaria según establece la Ley General Tributaria. Por lo tanto, es necesario asegurar y corroborar que dicha información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería de suma gravedad».
