En el aeropuerto de Barajas estuvo el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, el 20 de enero de 2020, «en el mismo día del Delcygate«. «El expresidente Zapatero aparentemente había fallado en una misión similar» [el cobro de la deuda de Venezuela con Air Europa para lo cual Globalia le contrata].
Estas son algunas de las frases que contiene el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) acerca de la trama Koldo, un informe explosivo y excepcional, que recibió Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación Delorme, el 2 de febrero, y es muy llamativo que haya llegado al Juzgado en esos términos según fuentes cercanas a Hacienda.
El 5 de febrero se publica en el BOE una avalancha de cambios en la AEAT firmada por el número dos del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado y presidente de la Agencia, Jesús Gascón. En su lugar, se nombran inspectores que se destacaron en la Hacienda de José Luis Rodríguez Zapatero.
Destacan entre los despedidos el jefe de Inspección y segundo al mando de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró, últimos encargados del informe. De hecho, en el expediente se puede observar que los informes anteriores del Fisco eran exclusivamente fiscales.
Un inspector de amplia trayectoria y altamente valorado, Raúl Burillo (Zaragoza, 1964), es el autor del informe. Durante su carrera, ocupó el puesto de delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña y en Baleares, donde tuvo que hacer frente a los escándalos de corrupción Palma Arena y Noos. En diversas ocasiones, ha manifestado que «existían suficientes pruebas para sospechar que la Infanta Cristina había cometido un delito».
Se centraliza en Aragón.
Al final, fue destituido como Delegado Especial en Baleares y regresó en 2016 como inspector a Zaragoza. Burillo desempeñó el cargo de asesor económico de Pablo Echenique durante su candidatura de Podemos a la Presidencia de Aragón en 2015, y se presentó en las últimas elecciones municipales del 28-M como aspirante a la Alcaldía de Zaragoza por Aragón Existe.
En junio de 2020 incluyó a soluciones de administración, la compañía proveedora de máscaras del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y conocida anteriormente por la AEAT, en un programa de inspección de las devoluciones de IVA. La razón fue la solicitud de reembolso de impuestos soportados por IVA que superaron los ingresos del ejercicio 2019.
Con sede en Zaragoza, esta compañía tenía actividades controvertidas en Angola y estaba casi inoperante. En el año 2020 obtuvo ingresos por un total de 54,5 millones de euros, en contraste con los 0 euros de facturación declarados en el año anterior y los 101.058 euros de 2018.
Fue asignado a un caso de alto impacto político a un inspector de nivel bajo en Zaragoza, quien es un funcionario independiente experimentado y de gran experiencia.
En realidad, Burillo advirtió que solo Soluciones de Gestión estaba relacionado con Zaragoza, y que los demás inspeccionados de la red estaban ubicados en Madrid, pero decidieron mantener el expediente en Zaragoza y se le permitió centralizarlo.
En julio de 2021, Burillo ya estaba al tanto de todo el entramado a través de las declaraciones del IVA y el Modelo 347 sobre las transacciones de proveedores y clientes durante el año de la pandemia, presentadas por Soluciones de Gestión en el primer semestre de 2021, y de múltiples requerimientos de datos a terceros, que culminaron con la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2020 en julio de 2021.
En este punto, el informe señala que«los relevantes beneficios obtenidos en 2020, las claras contingencias fiscales que se generan y las incertidumbres enfrentadas en la narración de los hechos por los propios participantes implican la obligación de transferir su contenido a una esfera superior».
Ábalos fue destituido por Pedro Sánchez como ministro de Transportes el 11 de julio de 2021, y como secretario de organización del PSOE el 13 de julio. No se han registrado más acciones del Gobierno hasta febrero de 2024.
La delegada Especial de la AEAT en Aragón y el director de Inspección, quienes son los responsables principales de la custodia, son dos de los pocos cargos con la capacidad de denunciar el delito fiscal.
En las conclusiones de la investigación de Burillo se encuentra el delito de evasión fiscal, que se desplaza del IVA a lasentidades intermediarias utilizadas por De Aldama, que informaban de ganancias de solo 10.000 euros para evitar pagar impuestos por el IRPF.
Además de no limitarse a una lista de circunstancias tributarias, el informe incluye una detallada descripción de la red y de su conexión con la administración de Pedro Sánchez, con Globalia y con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Inspectores simpatizantes
En el BOE del 5 de febrero, se registran los cambios de cargo de los directivos de la AEAT que van acompañados de sus respectivos nombramientos. El presidente de la AEAT y secretario de Estado de Hacienda ha recuperado a Carlos Cervantes, quien fue director de Inspección entre 2004 y 2010, y lo ha designado como delegado Central de Grandes Contribuyentes, la unidad de élite encargada de supervisar a las grandes multinacionales y el Ibex.
Se hizo responsable a Cervantes, cercano a Luis Pedroche, ex director de la AEAT entre 2004 y 2010, de la gestión polémica de la lista Falciani, en donde la Hacienda de Zapatero intentó absolver a 659 ciudadanos españoles que escondían hasta 6.000 millones en cuentas secretas en la sede de HSBC en Suiza, entre los cuales se encuentra la familia Botín.
En diciembre de 2009, la Hacienda francesa envió la lista Falciani a la española, lo que provocó uno de los mayores escándalos vividos en la AEAT en 2010. La Agencia de Pedroche, dependiente de Elena Salgado y del secretario de Estado, Carlos Ocaña, envió requerimientos para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria. Los inspectores y técnicos consideraron esta decisión como una «amnistía» que les ahorró importantes sumas de dinero e incluso, evitó penas de cárcel. Cervantes finalmente perdió su cargo a causa de este escándalo.
El recién designado delegado Central de Grandes Contribuyentes experimentó un calvario con su implicación en una denuncia penal del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) por prevaricación y «trato preferencial» entre febrero de 2013 y noviembre de 2017, que finalmente fue archivada. Cervantes declaró ante el juez su autoría de la idea de no abrir inspecciones fiscales.
Manuel Trillo, hasta ahora delegado de Grandes Contribuyentes, es promovido a director de Inspección, cargo que lo sitúa como el segundo al mando de la Agencia y que ocupaba Cervantes antes de ser destituido en 2010.
Se considera que los perfiles de Trillo y Cervantes son similares, «con filiación al PSOE», y según fuentes informadas, su promoción es entendida como una «maniobra defensiva extrema de la Hacienda de Pedro Sánchez.»
