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Boye da por hecho que Puigdemont será candidato: estaría dispuesto a ser detenido

Boye da por hecho que Puigdemont será candidato: estaría dispuesto a volver y ser detenido
El abogado del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra / Europa Press

El abogado Gonzalo Boye ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido, y ha dado por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al Parlament del 12 de mayo.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha admitido que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española: «Es una posibilidad. Lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat si él lo quiere ser».

«Los únicos que lo pueden impedir son los catalanes cuando voten», ha recalcado Boye, dejando claro que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos en un marco jurídico que será diferente una vez entre en vigor la Ley de Amnistía.

Miedo de Pedro Sánchez

Para Boye, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, temen que Puigdemont pueda concurrir a los comicios, los gane y sea investido: «Este es el miedo, y es justificado».

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Tras garantizar que se ha generado el entramado jurídico necesario para que el expresidente pueda volver con garantías y ejercer su vida política en los términos que él decida, Boye no duda de que podrá someterse a un debate de investidura si la amnistía entra en vigor a finales de mayo.

Medidas cautelares

Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el abogado considera que tribunales «procederán a revisar todos los casos en los que se debe aplicar la amnistía y levantarán las medidas cautelares en las causas que corresponda, una de ellas la de Puigdemont».

También ha asegurado que le preocupa que se ponga en duda el respeto de los jueces y tribunales a la legalidad y que hagan una «objeción de conciencia respecto a una ley aprobada por el poder legislativo».

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