Muchos se enriquecieron repentinamente debido a la pandemia del COVID-19.
El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa tuvo una gran responsabilidad en esto en la compra de mascarillas falsas. Otorgó contratos a dedo a compañías sin ninguna relación con el ámbito sanitario, a veces sin empleados o con un capital social de 3.000 euros. Además, ignoró las recomendaciones del Gobierno de China, que proporcionó al Gobierno de Pedro Sánchez una lista de proveedores confiables. Según Vozpópuli, Hangzhou Ruining Trading, una empresa textil china, no se encontraba en esa lista. Esta empresa se benefició con un contrato de 31 millones de euros para el envío de un lote que contenía 2,1 millones de mascarillas falsas, y también se le adjudicó otro contrato de 47 millones de dólares para la adquisición de 3 millones de trajes desechables.
Mascarillas falsificadas
En 2020, se prestó menos atención al último acuerdo, ya que el escándalo de las mascarillas falsificadas de la marca Garry Galaxy importadas por Hangzhou capturó gran parte de la atención de los medios. El 20 de marzo, se llevó a cabo el controvertido contrato de las mascarillas FFP2 con Hangzhou, y tan solo 8 días después se le otorgó el contrato de 3 millones de monos desechables por 47 millones de dólares (41,5 millones de euros según el tipo de cambio en ese momento, según se detalla en los términos del contrato). Cada mono desechable tuvo un costo considerable de 15,7 dólares.
La querella de Vox
En la demanda de Vox, que incluye esta contratación, se menciona que al momento de la asignación, Hangzhou Ruining Trading no contaba con «número de identificación tributaria, tipo de sociedad, nacionalidad, dirección o objetivo social reconocido«.
A pesar de la poca confiabilidad de esta compañía, Sanidad pagó de manera anticipada la suma de 12.246.000 dólares. La única justificación del Ministerio de Illa en el acta de resolución es bastante interesante: «Se considera que la empresa mencionada responderá adecuadamente a la urgencia de la situación de salud pública y lo hará con la prontitud que dicha situación requiere, por lo que ha sido seleccionada».
En esta situación no se detalló nada acerca del transporte, algo que sí fue incluido en el acuerdo de las ‘mascarillas falsas’. En esta ocasión, la responsabilidad logística estuvo a cargo de Inditex (Amancio Ortega), al igual que ocurrió con varios contratos de Illa, como el de 260 millones con FCS Select Products, la compañía de productos promocionales de bebidas alcohólicas en la que se confió para importar mascarillas en el momento más crítico de la pandemia.
Incremento de costes por ignorar las instrucciones del Gobierno chino
Desembolsar alrededor de 16 dólares por un mono desechable es un precio exorbitante. No fue la ocasión inicial en la que el Gobierno de Illa pagó en exceso debido a la omisión del Gobierno chino. El Ministerio de Sanidad pagó más de 10 millones de euros por 500.000 batas desechables a la compañía china Weihei Textile Group, la cual tampoco era recomendada por el Gobierno chino. Es un costo que supera en 50 veces al que se podía obtener en ese momento en el mercado por el mismo producto. En aquel entonces, empresas españolas las ofrecían a 2 céntimos cada una. Este expediente de contratación se encuentra en posesión de la Fiscalía Europea, a donde fue referido desde Anticorrupción.
Shenzhen Bioeasy Biotechnology
También el Gobierno confió en Shenzhen Bioeasy Biotechnology para adquirir test covid que resultaron ser defectuosos. «La Embajada de China, en su cuenta de Twitter, hizo público que el Ministerio de Comercio de China brindó a España una lista de proveedores clasificados, en la cual no se incluía a Shenzhen Bioeasy Biotechnology», manifestaron.
Otro ejemplo de exceso de costos -y una gestión deficiente- son las mascarillas quirúrgicas que Illa compró a un bufete de abogados en Chipre por 13 millones de euros (a un precio de 70 céntimos cada una), lo que representa un incremento del 3.500% en comparación con las ofrecidas por empresas nacionales como Suministros Hospitalarios, que las comercializaban a un precio de 2 céntimos y con un costo de transporte más bajo. Y así continúa la lista interminable de contratos sospechosos del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.
