De acuerdo a fuentes jurídicas consultadas por OK Diario, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene la intención de presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una vez que el Tribunal Supremo lo haya hecho primero.
Esas mismas fuentes explican que los jueces de este tribunal, encargado de instruir casos relacionados con el independentismo, tienen dudas sobre la aplicación de la amnistía en lo referente a los plazos establecidos en el texto y los delitos de terrorismo.
Por tanto, la omisión de los delitos cometidos por los secesionistas se mantendrá en suspenso hasta que los tribunales europeos resuelvan estas cuestiones. De esta manera, la Audiencia Nacional se une a la ofensiva del Tribunal Supremo contra la amnistía.
La amnistía será publicada próximamente en el BOE. Al ser publicada y entrar en vigor, se concederá a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla y absolver los casos contemplados en este documento legal, condición necesaria para que Pedro Sánchez sea investido presidente con el respaldo de los independentistas.
La elaboración de esta ley ha sido cuestionada mediante un informe emitido por el CGPJ y a través de un borrador presentado por el Consejo Fiscal, los cuales evidencian las carencias de la amnistía.
El Supremo tomará la iniciativa
Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tomarán la iniciativa de llevar la amnistía a la corte comunitaria, seguidos por los jueces de la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, en la actualidad, se están investigando casos relacionados con el independentismo, como Tsunami o CDR, en los que hay personas imputadas por delitos de terrorismo.
Ambos casos están a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que, según las fuentes consultadas, cerrará la investigación sin presentar cargos para que sea la Sala de lo Penal quien decida si deben ser enjuiciadas o no, teniendo en cuenta la amnistía.
En este punto, la Sala presentará la cuestión prejudicial, dado que las directivas y tratados europeos no consideran que el terrorismo sea susceptible de amnistía.
Asimismo, también surgirán interrogantes acerca del lapso temporal de implementación de la indulgencia, tras el reconocimiento por parte de la Comisión de Venecia de que la ley aborda un periodo muy amplio.
Los expertos jurídicos de este organismo asesor del Consejo de Europa estiman que el documento legal requiere acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de la indulgencia, a fin de anticipar sus repercusiones.
Indican que debe establecerse un vínculo más estrecho entre «las consultas efectuadas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias» y los actos de apropiación indebida y corrupción.
El Tribunal de Cuentas podría sumarse
No solo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, también el Tribunal de Cuentas podría considerar plantear una cuestión prejudicial sobre la amnistía.
Según fuentes consultadas, los magistrados del Tribunal de Cuentas, que han enjuiciado la responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern en el contexto del procés, también podrían elevar la amnistía a Europa.
En esta causa, se encuentran imputados el ex mandatario catalán Carles Puigdemont y otros 34 ex funcionarios de la Generalitat. La paralización del proceso fue rechazada por el organismo fiscalizador, a pesar de la inminente entrada en vigencia de la amnistía, conforme a lo solicitado por las defensas de los separatistas.
De este modo, se mantiene la prosecución del caso y, luego de tomar la declaración de los imputados, la consejera ha solicitado a los demandantes y demandados que presenten por escrito sus conclusiones finales.
La entidad Sociedad Civil Catalana ha elevado su solicitud de 5 millones de euros a Puigdemont y otros 10 ex altos cargos de la Generalitat, mientras que la Fiscalía ha mantenido su petición de 3,1 millones.
Una vez también presentados los escritos de las defensas, el juicio quedará visto para sentencia cuyo fallo se espera una vez que concluyan las elecciones catalanas programadas para el próximo 12 de mayo. Todo esto bajo la sombra de la amnistía en la que se incluye este procedimiento que podría quedar detenido al presentar cuestiones prejudiciales ante los tribunales europeos.
Según especialistas consultados por OK Diario, las cuestiones prejudiciales suelen tardar hasta dos años en resolverse, aunque pueden ser resueltas de forma urgente en tan solo seis meses. Hasta que se resuelvan, la amnistía quedará paralizada y no se podrán mantener las medidas cautelares, concluyen fuentes jurídicas expertas.
