Representantes de asociaciones de fiscales, magistrados, policías e inspectores de hacienda, entre otros, han presentado en Bruselas su ‘Pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho’ con el que pretenden denunciar la politización de las instituciones en España por parte de los partidos políticos y sobre todo el impacto que la ley de amnistía y los acuerdos con los independentistas catalanes está teniendo en su labor.
«Venimos a Europa, a la casa común, a pedir ayuda y a pedir respaldo en la defensa del Estado de derecho que nos mueve a todos los profesionales que estamos hoy aquí», ha explicado a la prensa Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales, antes de la presentación en un acto organizado por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa en la sede del Parlamento Europeo.
«Creemos que es necesario que se conozca la realidad de la situación, no versiones edulcoradas o versiones apartadas de la realidad», ha defendido, subrayando que quienes promueven este pacto son «simplemente servidores públicos» sin «ninguna adscripción política». «Venimos aquí a exponer la realidad desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo», ha trasladado.
En el vídeo de presentación, Dexeus ha defendido que tanto la UE como la Constitución española tienen entre sus principios rectores la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la separación de poderes o la independencia judicial.
«Estos valores hoy están en crisis en España debido a los pactos alcanzados para la gobernabilidad que conllevan la aprobación de una ley de amnistía en favor de los políticos independentistas que cometieran delitos de terrorismo, delitos de corrupción, delitos contra los que lucha decididamente la UE», ha lamentado, incidiendo en que «esa norma no cumple los estándares europeos de democracia».
Ataques contra jueces y fiscales
Asimismo, la presidenta de la Asociación de Fiscales ha denunciado que «se están produciendo ataques constantes contra el poder judicial, se señala a jueces y fiscales, que han cumplido con su deber profesional, se están colonizando las instituciones y se diluye la separación de poderes».
Igualmente crítica con la situación se ha mostrado Pilar Astray Chacón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. «La ley de amnistía vulnera el principio de igualdad, pretende suprimir las consecuencias de cualquier delito cometido en un contexto independentista en un marco temporal amplísimo y supone una injerencia en la función jurisdiccional», ha sostenido.
Además, ha agregado, «surge de un pacto de investidura en el que se menciona el ‘lawfare’ y cercena de forma deliberada la independencia del juez cuando no le permite valorar en cada caso concreto la procedencia o no de levantamiento de medidas cautelares, por lo que entendemos que esta ley afecta de forma muy grave a nuestra democracia».
«Los ataques al Estado de derecho en España por desgracia no son una novedad», ha reconocido por su parte Alejandro Vega Jiménez, del Foro Judicial Independiente, denunciando expresamente «la politización que los partidos políticos mayoritarios vienen realizando de nuestras instituciones» en los últimos años, en particular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Ley de Amnistía, «un salto al vacío»
«En su opinión, la ley de amnistía no es sino «una nueva vuelta de tuerca, un auténtico salto al vacío institucional, en la medida en que se pretende impedir que el Poder Judicial pueda conocer de hechos presuntamente delictivos que afectan directamente a altos cargos de algunos de los partidos políticos que votan a favor de esta ley».
Así las cosas, ha sostenido que «no se trata de una cuestión ideológica, de izquierdas o de derechas, sino que se trata de la defensa del Estado y con esa intención nace este pacto». «No pretendemos hacer política, sino que queremos trasladar a la opinión pública nuestra preocupación ante los riesgos que esta ley supone, porque sin independencia judicial, separación de poderes y Estado de derecho no hay una auténtica democracia», ha recalcado.
Alberto Bravo Queipo de Llano, representante de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL, ha dejado claro que quienes integran el pacto no están de acuerdo «con el uso partidista de las instituciones».
«No estamos de acuerdo con la rebaja en la exigencia en el acceso a la función pública, no estamos de acuerdo con los ataques contra la independencia e imparcialidad de los funcionarios públicos, y no estamos de acuerdo con una ley de amnistía que priva al pueblo español de protección judicial y de la debida reparación por los delitos cometidos», ha puntualizado.
Críticas a los independentistas catalanes
En su caso, ha afeado además el que los partidos nacionalistas catalanes estén reclamando la cesión de competencias en la selección de los funcionarios locales, a quienes ahora se selecciona a nivel nacional, «para acercar estos procesos selectivos a su ámbito de influencia, algo con lo que estamos en absoluto desacuerdo».
También la presidenta de la Asociación de Interventores Fiscales, Ana de la Herrán, ha trasladado su preocupación por los intentos de controlar los procesos de selección de funcionarios así como por la petición de «independencia fiscal» para Cataluña. «Esto está en contra de principios constitucionales de igualdad, de solidaridad y de justicia», ha recalcado.
Por su parte, David Pola Pérez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), ha defendido que cualquier ley de amnistía, incluida la actualmente en trámite, es contraria a los principios de «cumplir y hacer cumplir la ley» en el que se sustenta el trabajo policial. Además, ha considerado que «se lanza el mensaje erróneo a la sociedad en cuanto a la posibilidad de poder quedar exonerado del cumplimiento de penas cuando se cometen delitos».
Para Pagaza, los funcionarios del Estado son uno de los «diques de contención» junto con las instituciones europeas ante la «grave amenaza populista» que se está produciendo contra la estabilidad del sistema constitucional.
«La calidad del Estado de derecho no es una cuestión voluntaria de los estados miembro de la UE sino que es uno de los elementos sustanciales, esenciales de formar parte del club», ha defendido la eurodiputada.
