Las autoridades han desalojado a Hogar Social del edificio que el colectivo de extrema derecha okupaba en la calle Cristino Martos, en Malasaña.
La Policía Nacional ha desalojado a los miembros de Hogar Social del inmueble que éstos habían okupado en el barrio de Malasaña. La intervención se produjo a primera hora de la mañana en el número 4 de la calle Cristino Martos -en el distrito Centro-, no constando ningún tipo de incidente durante la actuación.
Fue en noviembre de 2018 cuando la plataforma de extrema derecha asaltó la antigua sede de CCOO: un edificio de siete plantas, sótano y más de 7.000 metros cuadrados. Las instalaciones llevaban vacías desde 2013, cuando todos los empleados fueron trasladados a otras oficinas de la capital.
La portavoz de Hogar Social, Melissa Domínguez, ha criticado que 26 personas que residían en el interior del inmueble «ahora se quedan en la calle». Igualmente, ha indicado que el desalojo se produce tras «48 horas de la conformación del nuevo Gobierno» de PSOE y Podemos. Bajo esta premisa, Domínguez asevera que ha existido una «intencionalidad política» en su lanzamiento. La líder del grupo de extrema derecha también ha explicado que los agentes les han transmitido que la intervención se produce en el marco de un procedimiento abierto por usurpación.
Con la bandera de Hogar Social ondenando en la ventana del inmueble, la portavoz Melisa Domínguez, explicó en un vídeo que entraron en el inmueble al tratarse de una «sede emblemática» del sindicato. La líder de la organización también explicó entonces que en las instalaciones se acogió a diez personas sin hogar.
Denuncia por una supuesta violación en las instalaciones
En julio del año pasado, una mujer que residía en el edificio okupado denunció haber sido víctima de una agresión sexual en las instalaciones. Según relató, el episodio tuvo lugar cuando el acusado le bajó los pantalones y la penetró vaginalmente sin que ella pudiese reaccionar.
La víctima habría intentado contárselo a los líderes del colectivo Hogar Social, quienes a penas le prestaron atención; es más los integrantes de la organización de extrema derecha defendieron que el acusado era un “tío legal”. Mientras, sostenían que la denunciante“no estaba bien” y que lo que buscaba era “venganza”.
