Después de que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han solicitado tiempo para estudiar la situación, Sareb ha solicitado al juez que suspenda por el momento el desalojo de 18 familias que residen en el barrio de Comillas

La entidad Sareb ha solicitado al juzgado el aplazamiento del desalojo de 18 familias de una promoción de viviendas del barrio de Comillas -adscrito al madrileño distrito de Carabanchel-. La decisión de la compañía se produce después de que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid hayan solicitado tiempo para estudiar la situación.

Por su parte, los inquilinos insisten en negociar con Sareb para lograr que se «respeten» los contratos de alquiler que firmaron en su día. Asimismo, solicitan que se renegocien los acuerdos de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad social. Desde la entidad han explicado a Europa Press que este procedimiento judicial fue iniciado por Bankia hace casi ocho años. Así, Sareb recibió este proceso ya iniciado y le dio continuidad con el objetivo de recuperar parte de la deuda del promotor; de la que es titular y cuya garantía son los tres edificios en cuestión.

En julio de 2017, la compañía solicitó la posesión del inmueble al juzgado -que es la última parte del proceso judicial para ser propietario de un inmueble y debe ser otorgado por el juez-; y en enero de 2018, el juzgado acuerda que se procede a dicha toma de posesión en fecha 6 de abril de 2018. Ese día se desplazó la comisión judicial y notificó a todos los residentes la adjudicación a Sareb del inmueble; asimismo, se indicó a los inquilinos que debían abandonar los inmuebles o presentar títulos que justifiquen su derecho a ocupar las viviendas.

«No colaboración»

Algunos inquilinos presentaron la documentación pero el juez determinó que dichos contratos «no eran válidos y que debía procederse al desalojo de las viviendas». Desde la entidad detallan que existen «muchos casos» en los que Sareb se subroga en los contratos de alquiler legales y cuando el juez así lo autoriza. A continuación, determinó la fecha inicial del desalojo para el pasado 18 de diciembre y dio seis días a los ocupantes para abandonar las viviendas.

Sareb solicitó entonces que se paralizaran esos desalojos y se suspendió y aplazó hasta el 6 de febrero, con el objetivo de dar tiempo para que pudieran buscar una solución habitacional. Además, ahonda en que «ha trabajado desde el principio» junto con servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.

De las 18 familias que habitan en la promoción, Servicios Sociales del Ayuntamiento identifico nueve posibles casos de vulnerabilidad. La propietaria aclara que de dichos casos, han acudido a las citas y han aportado documentación seis. Asimismo señala que de éstos, tres no cumplen con los parámetros establecidos de vulnerabilidad; tres son vulnerables con matices; dos tienen apoyo de red familiar; y existe un caso de vulnerabilidad que desde finales de enero tiene plaza en una residencia.

Aparte, subrayan que desde noviembre de 2018 un mediador de Haya acudió a la vivienda para hablar con los inquilinos. La entidad subraya que solo dos personas abrieron y nadie presentó la documentación. También expone que en enero de 2019, el abogado de Sareb, dada la «no colaboración» de los ocupantes, se puso tres carteles en los tres portales con los datos de contacto para ofrecer alternativas en los casos en los que estuvieran interesados y fuera posible

Vender el inmueble

La intención de Sareb es «vender» el edificio dado que su «obligación» es gestionar y vender todos los activos. La entidad señala no obstante que no ha habido «ninguna oferta, ni de compra ni de alquiler», para apuntar que «no ha cobrado nada» y que los contratos del alquiler los hizo el anterior propietario. Por su parte, un portavoz del grupo de inquilinos ha señalado que el desahucio está paralizado aunque no han recibido comunicación directa. Es por ello que esperan negociar con la Sareb que es su «objetivo primordial».

Respecto al papel del Ayuntamiento y la Comunidad, esta portavoz ha apuntado que los inquilinos prefieren negociar directamente con la Sareb porque la presencia de más interlocutores acabaría en un «círculo vicioso».

Quedan 18 vecinos

También afirma que de los 27 inquilinos que había en diciembre ahora quedan 18, dado que parte se han ido por la «presión». Insiste en que hay situaciones de vulnerabilidad o jóvenes con trabajo que no pueden hacerse con un alquiler ante la situación actual del mercado. Los inquilinos pidieron al juez que respetara los contratos de alquiler y detalla que ahora no pagan porque no saben a dónde enviar el dinero ante la situación generada.