La huella de Koldo García Izaguirre y de su aliado durante su tiempo en el Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, rebasa ampliamente el escándalo de los sobornos en la adquisición de mascarillas en plena pandemia.
A la espera de confirmar los encuentros de otro de los involucrados en el escándalo Koldo, Víctor Gonzalo de Aldama (presidente del CF Zamora), con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, ha surgido otro caso adicional: la adquisición de 31 trenes por parte de la Administración que no eran compatibles con los túneles de Cantabria y Asturias.
Fuentes del Ministerio señalan que se trató de un caso que se gestionó cuando tanto Ábalos como Koldo ya formaban parte de la estructura del Ministerio. Además, apuntan que ambos supervisaron ese contrato, el cual superó los 300 millones de euros.
Se consideró en su momento una gigantesca pifia. Sin embargo, resultaba complicado imaginar que una pifia de tal magnitud fuese supervisada o controlada por expertos. No resultaba tan complicado calcular las dimensiones de los túneles y encargar la adquisición de unos trenes que pudieran pasar por ellos. Se trató de un contrato gigantesco para la fabricación de 31 trenes. Terminó costando la destitución de los directivos de Renfe y Adif.
Y así comenzó toda la historia en enero de 2019, un mes previo a la publicación oficial de la licitación en la plataforma de contratación de la Administración.
En esa época, según los datos suministrados por los expertos del caso Koldo, el mencionado García Izaguirre ya mantenía comunicación con la red de las mascarillas -el primer encuentro verificado se dio en diciembre de 2018- aunque no se tiene conocimiento preciso sobre el instante en que surge su vínculo como consultor en el Ministerio y con acceso directo a Renfe.
«Los cargos ocupados por Koldo García Izaguirre fueron los siguientes: asesor del ministro José Luis Ábalos Meco, sin poder confirmar la fecha en que habría asumido esta posición pero teniendo constancia de que a fecha 26 de febrero de 2020 ya se encontraba desempeñando esta función, habiendo finalizado el 12 de julio de 2021; miembro del consejo de RENFE, designado el 22 de noviembre de 2019 y finalizado el 27 de agosto de 2021; y, integrante del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, desde el año 2019 hasta 2021», resalta el resumen del caso Koldo.
Sin embargo, la suscripción del convenio de concesión ocurrió evidentemente después: a finales de 2020. El 29 de diciembre de 2020, Renfe misma hizo público el acuerdo celebrado para el abastecimiento de 31 trenes de Ancho Métrico y 6 trenes Alpinos.
«La incorporación de los nuevos trenes posibilita el rejuvenecimiento de la colección, incrementa la eficiencia en la utilización de energía y optimiza la confiabilidad y accesibilidad. La compilación de Ancho Métrico, con operación en las regiones de Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia, disminuirá el promedio etario a 15 años», comentó la entidad estatal en dicho instante.
«El mantenimiento de primer nivel de una parte de la flota será cubierto por un contrato durante 15 años mediante una asociación con Renfe», agregó. Finalmente, el contrato se estableció en un monto de 258 millones de euros, sin incluir los impuestos.
«Esta adquisición se inserta en el plan de modernización de parque móvil iniciado por Renfe en 2019, con la finalidad de asegurar la excelencia y progreso de los Servicios Públicos (Cercanías y Media Distancia) en los siguientes años», detalló Renfe. Por aquel tiempo, Koldo ya ejercía oficialmente como respaldo de Ábalos.
Como consecuencia del desastre, Renfe y Adif destituyeron en un principio al gerente del Departamento de Gestión de Material de Renfe Viajeros y al responsable de la supervisión y tecnología de la vía, asumiendo que eran los responsables de contratar unos trenes que no se ajustaban a los túneles del trazado ferroviario.
Sin embargo, al momento de la aprobación del desastre, voces en el propio departamento de Transportes no vacilaron en afirmar que el contrato fue supervisado por José Luis Ábalos y su consejero de confianza.
No se trató de un acuerdo menor: comprendió una asignación inicial de 347 millones de euros, abarcando «equipo rodante. Componentes de locomotoras o equipo rodante. Servicios de reparación y cuidado de equipo rodante». 286,99 millones sin tasas, los cuales terminaron, verdaderamente, en 258 millones de euros.
