Una asociación denunció por prevaricación al Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas por la retirada de los nombres del memorial de La Almudena
El Tribunal de Cuentas investigará si pudo existir prevaricación en la retirada de las placas del cementerio de La Almudena, dedicadas a las víctimas del franquismo. La decisión del órgano fiscalizador se produce a instancias de una denuncia de la Asociación Memorialista Ranz Orosas. En la resolución de la Secretaria General del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso Europa Press, se pone en conocimiento del letrado de la asociación que se ha procedido a «la oportuna» tramitación de la denuncia.
Ahora, se solicitará al consistorio informes relativos a las obras, al coste y a las decisiones tomadas. Una vez analizada la documentación, el tribunal se pronunciará sobre el delito de prevaricación. El letrado Eduardo Ranz ha destacado que el Tribunal de Cuentas entiende que es «objeto de tramitación la denuncia contra lo actuado por el Ayuntamiento de Madrid en contra de la reducción que ha llevado a cabo el alcalde de la memoria civil sobre su tótem fascista con el dinero del contribuyente».
Los memorialistas consideraban que el Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al paralizar este monumento cuando quedaban tres semanas para su finalización.
El Ayuntamiento defiende la retirada
El Gobierno municipal procedió a retirar las placas del memorial que el anterior equipo de Manuela Carmena procedió a instalar. El anterior Ejecutivo proyectó grabar los 2.934 nombres de los asesinados por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944. El actual regidor y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, defendieron que la acción cumplía con lo dictaminado por el Comisionado de la Memoria Histórica; al contrario que la acción del Gobierno de Carmena, esgrimieron.
«El monumento que se había planeado por el anterior equipo de Gobierno no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado. Era contrario a sus recomendaciones», explicaron desde el consistorio. En este punto incidieron en que el Comisionado recomendaba que no figurasen nombres en la placa. Ahora se va a unificar «el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos».
«Para evitar, en aras de una mayor pacificación social, la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros, una sociedad democrática tiene obligación de honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista», afirmaba el Comisionado.
