Los manifestantes han recordado que el alcalde José Luis Martínez-Almeida «se comprometió con el sector del transporte» a analizar la situación a raíz de la moratoria aprobada el año pasado
Las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid y de viajeros discrecional y regular de uso especial en autobús (ATA, ATG, CETM-Madrid, FENADISMER Madrid y AETRAM) han convocado una marcha lenta de vehículos este lunes para denunciar su «expulsión» del distrito Centro a partir del 1 de enero y reclamar una moratoria de tres años.
En concreto, la marcha que discurrirá por el Centro de la capital está convocada por la ATA (Asociación de Transportistas Autónomos), ATG (Agrupación de Transportistas de Getafe), CETM-Madrid (Confederación Española de Transporte de Mercancías), FENADISMER Madrid (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte), y AETRAM (Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar).
Con esta medida, quieren denunciar las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la Zona de Bajas Emisiones en el Centro de Madrid a partir de 1 de enero de 2024, así como por sus limitaciones horarias, y reclamar una moratoria de tres años al Ayuntamiento de Madrid, hasta el 31 de diciembre del 2026.
Con su entrada en vigor, no podrán acceder al distrito Centro los vehículos ligeros (furgonetas) hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, con lo que el sector denuncia que «prácticamente el 70% de la flota actual de distribución urbana de mercancías (DUM) no podrá realizar su trabajo en el centro de capital».
Especialmente perjudicado será el sector de las mudanzas, «en el que el porcentaje de la flota que no cumple con los distintivos ambientales necesarios supera el 80%», indican los convocantes en un comunicado conjunto.
Esta «grave situación» también afectará a todos los vehículos de transporte de viajeros por carretera (autocares) de menos de 3.500 kilos con distintivo B, los cuales tampoco podrán acceder a dichas zonas a partir del 1 de enero de 2024, ampliándose esta medida a todos los vehículos B sin distinción a partir del 1 de enero de 2025.
En este caso, afectará a más del 60% de la flota actual de autocares discrecionales y turísticos en la región, según alegan los convocantes, que ponen el acento en el «grave perjuicio de movilidad para los turistas en la ciudad de Madrid».
La grave situación que vive el sector
Las organizaciones convocantes han recordado que en los últimos años el sector del transporte «ha vivido una difícil situación económica», derivada de la subida de los carburantes, que ha provocado que no tenga capacidad inversora para renovar su flota.
A ellos se unen «otros inconvenientes» como es «la ausencia de infraestructura asociada y la falta de puntos de recarga eléctricos en la ciudad de Madrid».
Por ello, el sector solicita una moratoria de tres años al Ayuntamiento de Madrid, hasta el 31 de diciembre del 2026, para que se permita el acceso de los vehículos profesionales con distintivo B al distrito Centro, un asunto que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento que se celebrará el próximo 30 de octubre.
«De mantenerse el actual calendario de acceso, se producirán problemas de abastecimiento en el Centro de Madrid, ya que no existirán vehículos suficientes para poder desarrollar el servicio que hasta ahora han venido llevando a cabo y que ha contribuido a la mejora del medio-ambiente y de la calidad del aire de la ciudad de Madrid, como lo constatan los últimos índices publicados por el propio consistorio, porque cuando los pasajeros viajan en un autocar o las mercancías van a bordo de un camión, se están evitando un gran número de desplazamientos en los vehículos particulares de los ciudadanos, contribuyendo a una mejora de la sostenibilidad y movilidad en la ciudad de Madrid», ha alegado.
En la misma línea, también reclamarán una ampliación de los horarios de acceso de los vehículos profesionales al Distrito Centro, permitiéndose también en horario de tarde, «a fin de evitar la concentración de estos vehículos en la circulación y en las reservas de carga y descarga en el horario de la mañana, a fin de que se produzca una mayor descongestión».
Respecto al sector de las mudanzas, los convocantes han subrayado que se requiere un tratamiento específico, ya que estos vehículos realizan escasos kilómetros con recorridos muy cortos y estando estacionados la mayor parte de la jornada, al precisar de una autorización de ocupación de la vía pública, «por lo que se deberían exceptuar sus prohibiciones de acceso».
Finalmente, han recordado que el actual equipo de Gobierno municipal se mostró «muy crítico» con la regulación de Madrid Central que planteó en 2018 la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, y que el alcalde actual, José Luis Martínez-Almeida, «se comprometió con el sector del transporte» a analizar la situación a raíz de la moratoria aprobada el año pasado, por lo que ven deseable «que abandone la senda «ultraecologista» que viene manteniendo y que adoptara medidas realistas y asumibles para los transportistas».
