En Moncloa se desata una tempestad. Durante la sesión de control al Gobierno se hace público que un magistrado está investigando a Begoña Gómez por prácticas ilegales relacionadas con el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, hecho que se ha analizado en profundidad en el programa El Mundo al Rojo, conducido por Jesús Ángel Rojo y transmitido por Distrito TV.
Su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aborda el asunto con una frase contundente: «A pesar de todas las adversidades, hoy sigo manteniendo mi fe en la justicia de mi patria».
Sin embargo, se avecina un fuerte oleaje y Begoña Gómez se ve obligada a confrontar una acusación que, en caso de ser condenada, podría acarrearle una multa, la prohibición para ejercer cargos públicos e incluso prisión.
Se han iniciado procedimientos de investigación por parte del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en contra de Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuestos delitos de influencia indebida y corrupción.
La apertura de los procedimientos tuvo lugar el pasado 16 de abril debido a una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, según lo informado por ESdiario. El juez Juan Carlos Peinado ha decretado el carácter confidencial de las diligencias pero se ha incluido la convocatoria de varios testigos.
¿Cuáles son las implicaciones de las acusaciones contra Begoña Gómez?
Según lo establecido en el Código Penal, la esposa de Pedro Sánchez podría enfrentar una condena de prisión de seis meses a dos años, una multa equivalente al doble de la ganancia buscada o obtenida, y una inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público de cinco a nueve años en caso de tráfico de influencias si el delito es cometido por un funcionario público o autoridad.
Esto implica que, en el caso de la máxima pena, de dos años de prisión, no sería encarcelada.
Más grave resulta la imputación de corrupción en las actividades comerciales, conllevando una condena de prisión que oscila entre los seis meses y cuatro años, inhabilitación especial para ejercer la industria o el comercio por un periodo de uno a seis años, y una multa que puede ser equivalente al triple del valor del beneficio o ventaja ofrecido, solicitado, aceptado o recibido.
En el caso de la máxima pena de cuatro años de cárcel, se procedería a una ejecución de sentencia en prisión. Por el momento, todo se encuentra en una etapa temprana de investigación, pero el matrimonio presidencial no descansará tranquilo en el famoso lecho de Moncloa.
