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La Comunidad de Madrid alertó más de 80 veces sobre los abusos a las tres menores tuteladas

La Comunidad alertó más de 80 veces sobre los abusos a las tres menores tuteladas prostituidas
A. Pérez Meca - Europa Press

La Comunidad alertó más de 80 veces a Policía, Fiscalía y juzgados sobre tres menores tuteladas víctimas de la red de proxenetas desarticulada

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha defendido este jueves durante su comparecencia en la Asamblea que las autoridades autonómicas actuaron correctamente en la atención de las tres chicas tuteladas que vivían en centros de menores que fueron liberadas a finales de noviembre por la Policía Nacional de una red que las prostituía y las obligaba a vender y pasar droga.

Según han adelantado fuentes regionales a Europa Press, la consejera señalará que durante el último año y medio presentaron escritos sobre el seguimiento de las menores a Juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (GRUME) de Policía ante las ausencias voluntarias del centro de las tres víctimas, «sin tener conocimiento de la investigación que estaba desarrollando la Policía».

En este caso concreto, los expedientes de las tres menores liberadas en la ‘Operación Sana’ suman en el último año y medio más de 80 comunicaciones entre sus centros de residencia y distintos estamentos policiales y judiciales.

La Comunidad recalca que la colaboración entre los servicios sociales municipales, las FCSE, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y la Fiscalía «son fundamentales para identificar y derivar a los menores que están desamparados, protegerlos en entornos seguros como son los centros de protección y hacer un seguimiento de su evolución que permita detectar cualquier situación que les esté afectando».

«La Comunidad es la responsable de protegerlos en el interior de los recursos y denunciar cualquier situación anómala, y las autoridades policiales y judiciales son las encargadas de actuar para que también estén protegidos fuera de los centros», subrayan.

Comunicaciones y denuncias

En la región hay 1.500 menores residentes en centros de protección, lo que genera un considerable tráfico de comunicaciones e informes. De hecho, en 2021 las denuncias y comunicaciones realizadas por estos centros con autoridades policiales y judiciales superaron las 5.400.

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La inmensa mayoría de ellas (casi 5.000) son denuncias de ausencias voluntarias de menores al GRUME para su localización y devolución. También hay un centenar de denuncias por hechos delictivos contra menores, más de 250 informes de seguimiento a los juzgados y por encima de 100 comunicaciones a la Fiscalía de Menores.

Además, desde 2016 la Comunidad se ha personado en 50 procedimientos penales relacionados con menores tutelados para defender sus intereses.

Una vez más, las denuncias por ausencias voluntarias al GRUME son las más numerosas, junto con informes de seguimiento al fiscal y a los juzgados que autorizan su entrada en los centros.

En este caso concreto, entre las tres menores han declarado ya 13 veces ante los investigadores de la Policía Nacional. Ha sido durante los últimos meses siempre en presencia de los educadores del centro.

Estas tres menores residen en un centro de protección de la Comunidad de Madrid especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta.

Como todos los recursos de la red de protección, se trata de un centro abierto, es decir, sus usuarios no han cometido ningún delito y, por tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor.

Este centro, llamado Picón de Jarama, situado en Paracuellos, tiene una particularidad. El ingreso de un menor en sus instalaciones solo puede hacerse con una autorización judicial que permite a su director establecer ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores.

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, estas restricciones deben comunicarse a la Fiscalía y realizarse en los términos que marca esa autorización «en interés del menor, de manera motivada y cuando su tratamiento educativo lo aconseje».

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Es decir, según explica la Consejería de Familia, no se puede ni se debe restringir la libertad de movimiento ni los derechos fundamentales a estos menores en los centros de protección porque el objetivo de estos recursos es protegerles y, desde la intervención, formarles y educarles; no aislarles.

Petición de restricciones de las salidas

Precisamente, estas limitaciones en las salidas se aplicaron a una de las tres menores protegidas, identificada en el procedimiento como TP1.

Llegó a este centro en septiembre de 2021, tras pasar por otros centros de los que se ausentaba frecuentemente; ausencias en las que se ponía en situaciones de riesgo «y que ya habían alertado a la Policía, que sospechaba que podría estar relacionada con la prostitución».

TP1 se adaptó bien al nuevo centro, colaboraba y tenía una evolución positiva, pero sus educadores temían que en alguna de las salidas enmarcadas en su proceso educativo volviera a ponerse en peligro.

Debido a esta situación de riesgo y en coordinación con la Policía, el 21 de octubre de 2021 la dirección del centro solicitó a la Fiscalía de Menores «ampliar la privación de salidas de ocio o de tiempo libre» que la menor «podría empezar a disfrutar tras haber superado la primera fase de adaptación a la residencia».

La petición, insisten las mismas fuentes, se acompañó de un extenso informe que argumentaba la necesidad de esta medida, elaborado por los psicólogos y psiquiatras que trabajan con ella en el centro.

La Fiscalía del Menor respondió ese mismo día pidiendo que recabaron la autorización de restricción de salidas de ocio de la menor, «por riesgo para la misma, ante la autoridad judicial que autorizó el ingreso», ya que «esta Fiscalía carece de competencia al efecto».

Por ello, el centro dirigió el 25 de octubre pasado la misma petición motivada al Juzgado Nº 1 de Torrejón, «pero nunca obtuvo respuesta», recalcan.

Tres denuncias por agresión sexual

Sobre la víctima identificada como TP2, que residía desde mediados de 2020 en el mismo centro, tenía desde su llegada varias ausencias voluntarias: no regresaba a la hora prevista y los educadores daban parte al GRUME para que la devolvieran a las instalaciones cuando la localizaran.

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El 25 de septiembre de 2020, tras una de estas idas y vueltas, la menor contó a sus educadores que el día anterior había sufrido una agresión sexual. Inmediatamente, una de las trabajadoras del centro denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil más cercano.

Un mes después, volvió a ausentarse voluntariamente tras una cita médica. Regresó unos días después pero no fue hasta febrero de 2021 cuando narró a sus educadores que en esa «fuga» había sufrido una agresión sexual en una localidad de Toledo en la que fue retenida. El 18 de ese mes una educadora volvió al cuartel de la Guardia Civil e interpuso una nueva denuncia.

En agosto, TP2 no regresó de su periodo vacacional. El día 30 el centro comunicó esta ausencia voluntaria al GRUME, y el 31 recibieron una llamada de la madre de la menor, explicando que su hija le había contado que había sido víctima de una agresión sexual. Los profesionales le pidieron que fuera con su hija a la Policía, donde una educadora recogió a la menor y la llevó al centro.

Al día siguiente la directora volvió por tercera vez al cuartel de la Guardia Civil, donde denunció esta agresión que la menor no quiso detallar el día anterior a los agentes «por miedo». Una semana después, agentes de la UFAM de Policía acudieron al centro y la menor ratificó la denuncia.

«Después se produjeron más declaraciones, se aceleró la investigación, y gracias a este testimonio se empezaron a atar cabos y a establecer conexiones con otras investigaciones en curso, que se desencadenó en la operación policial», esgrimen las mismas fuentes.

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