Fuentes fiscales indicaron que se trata de la primera denuncia del Ministerio Público en la Comunidad de Madrid por este delito.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.
Asimismo, se les acusa de denegación de asistencia sanitaria y de omisión del deber de socorro por casos distintos.
La fiscal sostiene que las dos mujeres hicieron caso omiso al protocolo de actuación en casos previstos para pacientes con Covid-19.
Esto provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado en el centro.
La residencia privada cuenta con 46 plazas, de las cuales 44 estaban ocupadas a principios del mes de marzo, y disponía de un equipo sanitario compuesto por un médico y una terapeuta.
Recapitulación del suceso
Entre los meses de marzo y junio de 2020, la atención sanitaria a sus usuarios continuó siendo prestada por la misma doctora, que atendía de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
«El resto del tiempo estaba disponible en su teléfono móvil», aunque también colaboraba con el equipo médico del Centro de Salud Isla de Oza.
Desde el 13 de marzo, «por disposición de las autoridades autonómicas competentes», se contaba también con el apoyo de una geriatra de referencia.
Dicha especialista estaba a disposición del equipo sanitario de la residencia de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana en su teléfono móvil, o a través del portal sociosanitario.
Durante el mencionado periodo epidémico, se aprobó un protocolo que regía las interconsultas de las residencias y los centros hospitalarios.
Ese borrador fue remitido el día 19 de marzo de 2020 a la residencia, a fin de ser tomado como documento de referencia para el manejo de los casos.
Criterios de derivación
El referido protocolo fijaba algunos criterios de derivación recomendados, y otros en los que debía valorarse el manejo en residencia.
En todo caso, se establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que «fuera el geriatra de enlace» quien decidiera dónde se iba a tratar al paciente.
Para la valoración de cada caso, se tomaban en cuenta tanto las condiciones de los pacientes, como las de la residencia.
Asimismo, se ponderaba el hecho de que ésta contara con personal sanitario 24 horas al día los siete días de la semana y su nivel de cualificación.
La Fiscalía sostiene que «desatendiendo todas estas previsiones que le eran -y debían ser- conocidas», la doctora no contactó hasta ocho días después con el servicio de geriatría.
Esto, en relación con la situación de una residente que había comenzado con problemas respiratorios el 22 de marzo.
Pese al rápido traslado al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, no se pudo impedir su fallecimiento al día siguiente, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.
La mujer fallecida, de 89 años de edad, presentaba el 23 de marzo un cuadro inespecífico que incluía saturación de oxígeno en sangre.
La doctora denunciada le pautó gafas nasales, consiguiendo que aumentara la saturación. Sin embargo, no se puso en contacto con la geriatra de referencia.
En cambio, llamó a otra doctora del Centro de Salud Isla de Oza para que tramitara la derivación hospitalaria.
Cuando al día siguiente la doctora de la residencia constató que el traslado no se había llevado a efecto, consultó con el centro de salud, donde le indicaron que no había sido posible.
El presunto motivo era que el 061 estaba aplicando protocolos de priorización de pacientes en los traslados que realizaba.
Caso omiso al protocolo
«Lejos de llamar a la Fundación Jiménez Díaz para activar el protocolo de derivación que le correspondía, procedió a tratar a la usuaria en la residencia», señala la fiscal.
La denuncia agrega que en la residencia «no disponían de servicio de enfermería», y recuerda que «su turno de asistencia terminaba a las 13:00 horas».
Dos días después de su ingreso en la residencia, la paciente mantenía estable la saturación de oxígeno en sangre, si bien tenía 37.1 de temperatura.
Además, presentaba crepitaciones leves bibasales en los pulmones y un cuadro de vómito.
«No obstante, ni ese día ni el siguiente, del que no hay registros médicos, se realizó consulta alguna con la geriatra de referencia», condena la fiscal.
De igual manera, rememora que «el día 26 de marzo se comenzaron a hacer e-consultas, incluida la relativa al propio esposo (de la paciente)».
En ese caso, la geriatra de referencia pautó oxigenoterapia en la fecha mencionada anteriormente, lo que permitió que el esposo de la víctima sí sobreviviera.
Omisión del deber
El día 27 de marzo, la doctora denunciada decidió aumentar el oxígeno, con lo que consiguió una mejor saturación.
Los días 28 y 29, «dado que era fin de semana», no se le realizó ningún examen, pues la doctora no tenía servicio «y no dejó solicitada visita de los médicos de urgencia»
«Aunque los hijos intentaron reiteradamente que acudieran a examinar a su madre, les señalaron que no procedía porque la habían evaluado durante la semana», reza el texto.
La gerente de la residencia tampoco se encontraba en las instalaciones «dejando a la usuaria al cuidado de los gerocultores, que carecían de cualificación sanitaria».
El 30 de marzo, los familiares de la paciente consiguieron averiguar a través de personal del 112, que las derivaciones de usuarios institucionalizados en residencias eran posibles.
De ahí que se pusieran en contacto con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde realizaron la consulta urgente a la geriatra de referencia, «que nada sabía sobre la situación».
«Notable empeoramiento»
Paralelamente, un equipo médico del sistema de salud pública valoró junto a la doctora denunciada a la paciente, constatando su «notable empeoramiento» durante el fin de semana.
«Desconociendo una vez más el protocolo, la doctora intentó una derivación a través del 061», dice la denuncia, que añade que fue entonces cuando le indicaron el procedimiento a seguir.
En base a ello, realizó una e-consulta a las 11:56 horas, que fue inmediatamente contestada a las 13:12 horas por la geriatra quien gestionó personalmente el traslado urgente.
Por último, la denuncia alude a que la gerente de la residencia era conocedora de la situación clínica de la paciente, y de las posibilidades reales de tratamiento que tenía en su centro.
Pese a ello, «nada dispuso para asegurar la cobertura sanitaria de la usuaria durante los periodos en que la doctora contratada se ausentaba de la residencia».
