El juez apunta que no se ha acreditado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid participara en la financiación ilegal del PP.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, ha acordado el archivo provisional de la causa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la letrada de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, y del presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández.
A estas tres personas se les acusa de los delitos de prevaricación y cohecho, por lo que estaban siendo investigados en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011.
El juez considera además que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, que se investiga en la pieza separada número 9.
En su auto explica que esta investigación se ha basado en un informe policial, en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid, y el atestado policial partía de donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
