“Insólita por dos motivos, porque la disolución se ha producido en el proceso final de valoración, a falta de una sola prueba, y porque se basa en una razón carente de fundamento y base jurídica, e incluso de toda lógica y sentido común”, afirmaba la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Isabel Galvín.
Explica Galvín que “este despropósito” se inicia con la renuncia de dos vocales motivada exclusivamente por discrepancias entre los miembros del tribunal en la valoración del ejercicio práctico, aunque ya anteriormente hubo de ser separada otra de las vocales por no cumplir los requisitos exigidos. Al quedar entonces el tribunal con menos de la mitad de sus miembros ya no era posible que siguiera adelante con el proceso.
El quid de la cuestión es que la discrepancia en la valoración de las pruebas prácticas no puede ser motivo de renuncia por parte de los miembros de un tribunal, ni puede ser aceptada por la Administración educativa por ser consustancial a la función misma de todos los tribunales. “De hecho”, mantiene CCOO, “esta decisión sienta un peligroso precedente que puede hacer inviable cualquier tribunal”.
Indefensión
Para Galvín, “la actuación es tan inaudita que nos conduce a pensar la existencia de otros motivos de fondo para aceptar las renuncias y disolver el tribunal, en cuyo caso deberían emprenderse los cauces oportunos para reconducir el proceso de modo que se garanticen los principios de igualdad (14 CE), mérito y capacidad (103 CE). “Por otra parte, CCOO denuncia que los opositores quedan en total indefensión, dado que los aspirantes que no obtengan el resultado deseado al final del procedimiento tienen expedita la vía del recurso de anulación de todo el proceso”.
CCOO solicitó en julio, por escrito, al director general de RRHH, Miguel José Zurita, una aclaración de esta decisión, aparentemente arbitraria, y que se inicien de inmediato las actuaciones que permitan la finalización de este proceso de concurso-oposición preservando los derechos de los y las aspirantes.
