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Aguado defiende y pide perdón al mismo tiempo por el recurso sobre el IVIMA

Aguado recurso IVIMA

Aguado defiende el recurso contra la anulación de la venta de viviendas del IVIMA, aunque pide perdón a las familias afectadas.

La Comunidad de Madrid ha recurrido la anulación de la venta de 3.000 pisos a un fondo buitre, dictada por el TSJM y ratificada por el Tribunal Supremo. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que la decisión de presentar el recurso contra la sentencia del IVIMA se toma para «defender el interés general» de los madrileños; no obstante, ha pedido disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas por la «decisión política» que se tomó en 2013.

Según el recurso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, fechado el 13 de enero de 2020, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado un «incidente de nulidad de actuaciones» contra el auto del Supremo, ya que cae en una «infracción del artículo 24 de la Constitución».

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El texto busca que se admita el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional al entender que se ha incurrido en «un defecto de arbitrariedad». Los letrados de la administración regional sostienen que se ha producido una «incongruencia por desviación»; que la  «cuestión esencial no ha sido tratada» y, por último, que se ha incurrido en una incongruencia omisiva al no contestar otra cuestión esencial suscitada: «el emplazamiento de terceros interesados».

 

La mejor solución posible

El vicepresidente ha explicado que lo que se ha hecho es «presentar un incidente de nulidad». A este respecto, el representante de Cs afirma que la sentencia deja «muchas lagunas, especialmente desde el punto de vista de ejecución». Ha recordado que afecta «a miles de personas, no solamente a un fondo de inversiones». En concreto, «a mil familias que ya han vendido esas viviendas, que han ejercido su derecho a compra».

«Es una sentencia compleja que hay que interpretar y que hay que intentar dar cumplimiento de la mejor manera posible. El hecho de que finalmente se decida recurrir al Tribunal Constitucional no implica que no haya que ejecutar la sentencia», ha expresado. Aguado ha insistido en que están iniciando los trámites oportunos «para defender el interés general», en lo que es «un procedimiento habitual». En este sentido, ha garantizado que defenderán el interés de todas las partes y buscarán «la mejor solución posible».

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