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Sánchez no incluye a la Comunidad de Madrid en el reparto de los 118 millones de euros de la Unión Europea

Sánchez no incluye a Comunidad de Madrid el en reparto de los 118 millones de la UE
EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL (Foto de ARCHIVO) 21/9/2020

Isabel Díaz Ayuso está pensando llevar a Pedro Sánchez ante los tribunales después de decir que el Presidente está repartiendo los fondos europeos de forma «fraudulenta» en prejuicio de Madrid. En concreto, Sánchez ha abonado a Madrid 118,7 millones de euros de los fondos de la Unión Europea

La presidente de la Comunidad de Madrid que ha sentenciado que su Ejecutivo quiere «equidad» en el reparto de los fondos proporcionados por la Unión Europea debido a la pandemia del Covid-19.

«Queremos seguir hablando en la defensa de más información, transparencia y fondos para la Comunidad de Madrid, ya que la inmensa mayoría de las reuniones sectoriales que se están manteniendo con los distintos ministerios siempre estamos los últimos», ha apostillado la popular.

En esa línea, también añadió que «queremos que haya una equidad en ese reparto de fondos y que tengan en cuenta que todas las comunidades autónomas tenemos grandes dificultades y, por tanto, necesitamos los mismos fondos».

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha publicado dos reales decretos en las últimas semanas en los que riega con 118,7 millones de euros correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a nueve comunidades autónomas entre las que no se encuentra Madrid.

Ese decreto reparte nueve millones de euros a: Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura. estas cuatro comunidades no están gobernadas por el Partido Popular. De esos nueve millones, tres irán a Navarra para un proyecto de Emprendimiento y microempresas, incluido en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral. Otros dos millones están destinados para Extremadura con destino a un proyecto piloto dirigido a jóvenes, dentro de los proyectos de «colectivos especialmente vulnerables» y para otro plan piloto de «emprendimiento y microempresas». País Vasco y la Comunidad Valenciana obtendrán dos millones para financiar esos dos mismos proyectos en sus autonomías.

Según Okdiario, después de enterarse del reparto, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, envió una misiva a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que ha señalado que, con ese real decreto, el Estado «vulnera el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza de forma fraudulenta la reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en Conferencia Sectorial, para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia Sectorial, sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido».

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El consejero termina la carta pidiendo la convocatoria urgente y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Días después de esto, el Ejecutivo sancionó otro real decreto concediendo subvenciones extraordinarias con los fondos de la Unión Europea a varias comunidades autónomas, dejando fuera otra vez a Madrid.

Este decreto es el real decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, dotándolo de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las autonomías que percibirán estos fondos son, otra vez, Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura, además de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Ceuta.

La finalidad de los 110 millones de euros reside en «mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital, e incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión, que, de acuerdo con su descripción, se traducirá en apoyar la inclusión socioeconómica de los beneficiarios de la IMV a través de itinerarios: ocho convenios de colaboración firmados con administraciones públicas subnacionales, interlocutores sociales y entidades de acción social del tercer sector para realizar los itinerarios».

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