Los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, han protagonizado varios conflictos internos al disentir en política migratoria y en cuanto a la aprobación de la Ley de Libertad Sexual
La Ley de Libertad Sexual promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha añadido una hoja al capítulo de conflictos en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos después de que jornadas antes ambas formaciones evidenciaran sus diferencias en materia inmigratoria. A pesar de ello, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha querido quitar hierro al asunto subrayando la importancia de la citada normativa.
El origen de la disensión se debió a que la titular de Igualdad deseaba aprobar la Ley de Libertad Sexual antes del 8M. No obstante, los tiempos marcados por Unidas Podemos chocaban con los del Ministerio de Justicia. Y es que desde dicho departamento no llegaban a dar el visto bueno al anteproyecto gestionado por Irene Montero.
En este sentido, fuentes de la negociación admitieron que la discrepancia estaba motivada por la tardanza de Justicia en dar su ‘ok’ a la iniciativa. Según sus promotores, ésta llevaba preparada desde hacía días. Por su parte, desde el Gobierno señalaban que Igualdad no había dado el paso preceptivo para impulsar el anteproyecto de ley. Finalmente, la formación morada ha conseguido arrancar el compromiso del Ejecutivo para presentar antes del 8 de marzo la Ley de Libertad Sexual.
Otro disentimiento en materia migratoria
A pesar de que las negociaciones entre socios de Gobierno han llegado a buen puerto, el disentimiento entre las partes ha alimentado los recelos ante la buena sintonía que aseguran existe entre las partes. Es más, PSOE y Unidas Podemos ya habían protagonizado otro enfrentamiento jornadas antes.
Así, los planes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en materia migratoria confrontaron con la agrupación morada. En este sentido, los de Pablo Iglesias criticaban al socialista por «endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos». Según Unidas Podemos, la política de Grande-Marlaska era contraria al acuerdo firmado entre los socios de Gobierno.
