Triple A, que maneja los servicios públicos de agua, alcantarillado y limpieza de Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano, se ha visto salpicada por el escándalo de corrupción del llamado caso Lezo en España. «Barranquilla tiene la segunda agua más costosa de Colombia y es una ciudad con poco poder adquisitivo. La gente está comiendo menos para pagar el recibo del agua. Propongo que la empresa Triple A regrese a la ciudad y sea pública, que en Barranquilla se haga lo de Medellín para que las utilidades regresen a la ciudad», afirmó Robledo durante su intervención en el Senado.
El parlamentario dijo que en 1993 el Ayuntamiento de Barranquilla era dueño del 85% de la empresa y que ese porcentaje ha quedado reducido al 14,5%, por lo que sostuvo que los ciudadanos «fueron despojados del patrimonio público». De ese detrimento culpó al exalcalde Bernardo Hoyos por entregar a privados el servicio de limpieza, así como a la exmandataria Elsa Noguera y al actual alcalde, Alejandro Char, por no actuar frente a unos contratos de «asistencia técnica, software y outsourcing» que llevaron a la compañía a la quiebra.
En octubre pasado la Fiscalía de Colombia anunció el embargo con fines de extinción de dominio de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 61,3 millones de dólares) de Inassa en Triple A y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.
El 5 de abril la Fiscalía formalizó la demanda con fines de expropiación de las acciones embargadas en una demanda radicada en un juzgado penal de Barranquilla cuyo titular es el juez Ower Gerardo Quiñonez Gaona. Dichas acciones corresponden al 82 % del capital de Triple A, que está participada por Inassa. Según señaló entonces la Fiscalía, en las pruebas que constan en el expediente se relacionan hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017 en los que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un «contrato de asistencia técnica». Estos habrían causado un detrimento patrimonial a Triple A cercano a los 236.853 millones de pesos (unos 71,9 millones de dólares).
El contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 % de la recaudación mensual de servicios domiciliarios de agua, alcantarillado y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
Las investigadores calculan que en 17 años de vigencia de dicho contrato se habría pagado la millonaria suma, valor que actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos (unos 99,9 millones de dólares). Ante estos hechos, Robledo pidió que los responsables de la quiebra de la empresa respondan y mencionó a modo de ejemplo que en España han enviado a la cárcel a quienes «saquearon la empresa de aguas de Madrid (Canal de Isabel II)». «Para ese robo usaron a la Triple A como su instrumento en Colombia. ¿Y los socios de esa banda en Colombia qué?», concluyó el senador izquierdista.
El pasado 30 de mayo el juez encargado del caso Lezo en la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, archivó, a instancias de la Fiscalía española, la investigación abierta al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón (1995-2003) por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II. El juez adoptó esa decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Gallardón, que fue ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy entre diciembre de 2011 y septiembre de 2014, al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra, por la que fueron desembolsados 73 millones de dólares.
Al debate de control político celebrado hoy en el Senado colombiano asistió el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien afirmó que en Colombia el 80% de las empresas de servicios públicos cuentan con dinero gubernamental y los alcaldes son garantes de sus operaciones.
