“El acuerdo para que el Hospital Gómez Ulla pase a ser de uso civil está más cerca”. Estas fueron las palabras que pronució la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tras la reunión mantenida con la ministra de Defensa, Carme Chacón, para tratar este asunto.
La utilización de este hospital como público es una de las más importantes reivindicaciones vecinales de los distritos de Latina y Carabanchel, dos de los más poblados de Madrid con cerca de 500.000 habitantes, y que no cuentan con ningún hospital. Por esta razón, las palabras de Aguirre han provocado diferentes valoraciones entre vecinos y políticos de la oposición. Esta posible cesión del Gómez Ulla deja en una nueva situación la construcción de un nuevo hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que sería utilizado también por los vecinos de Latina.
El consejero de sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado que este hospital no sería necesario si finalmente las negociaciones con Defensa van por buen camino, ya que “siempre se pensó en este hospital en sustitución del Gómez Ulla”.
Por su parte, las asociaciones vecinales de estos dos distritos han mostrado su “extrañeza” por este cambio de planteamiento, y han afirmado que, en el caso de que la cesión del Gómez Ulla se haga realidad, y se garantice así la cobertura de las necesidades de ambos distritos, “el terreno del penal debe destinarse en su totalidad a equipamientos sociales”. Si no cubriera las necesidades, se seguirá manteniendo la lucha para la construcción de un hospital de gestión pública en esos terrenos, según explican, “y que no se especule en ellos con la construcción de pisos”.
Desde el PSOE, Noelia Martínez, portavoz del partido en el distrito, ha declarado que le parece “vergonzoso que Aguirre tome el pelo a los vecinos”, ya que, según ella, ya hay un convenio firmado e “incumplido” para el uso civil del Gómez Ulla. Los socialistas defienden que los vecinos de Carabanchel y Latina dispongan de los dos hospitales, ya que las infraestructuras sanitarias con las que cuentan “no cubren los mínimos exigibles”.
