En el juicio, el individuo negó las acusaciones y alegó que la relación fue consentida. De este episodio se ha hecho eco el diario El Mundo, que avanza que el varón, U.J., fue puesto en libertad, imponiéndole el Juzgado de Violencia sobre la Mujer una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse con la mujer violada, pese a la petición de prisión provisional de la Fiscalía de Madrid y de la acusación particular.
Según el citado medio, la víctima, Eva, llevaba desde diciembre de 2018 en situación de exclusión social; su situación personal la hizo caer en un problema de alcoholismo -que supuestamente ha superado-. La mujer confiaba en obtener una plaza en el albergue municipal Luis Vives, sin embargo ésta nunca llegó. Entre la calle y los albergues, Eva dio a parar con el edificio okupazo por el colectivo de Hogar Social.
En el inmueble de la plaza de Cristino Martos conoció al que presuntamente sería su agresor, con quien mantuvo algunas relaciones. La denunciante advirtió que U.J. mantenía una actitud “celosa y posesiva” con ella, lo que dificultó el que mantuvieran los lazos afectivos. En la noche del suceso, ambos cenaron juntos y estuvieron viendo la tele mientras charlaban hasta que salió el tema de las exparejas de ella que provocó que a él “se le mudara la cara”, relata a El Mundo la víctima. Cuando ésta se fue a dormir, el acusado supuestamente bajó a la fuerza los pantalones de Eva y la violó.
La mujer habría intentado contárselo a los líderes del colectivo Hogar Social, quienes a penas le prestaron atención; es más, según el citado medio, los integrantes de la organización de extrema derecha defienden que el acusado es un “tío legal” mientras que sostienen que Eva “no está bien” y que lo que busca es “venganza”.»Ya nos amenazó que iba a contar todo», denuncia Melisa Ruiz, líder del colectivo. Ahora, se plantean tomar medidas legales contra ella por estas acusaciones.
