La Comunidad de Madrid tendrá después que ratificar las normas en un plazo máximo de cuatro meses
La modificación de las normas urbanísticas han salido adelante este lunes en un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles con la mayoría absoluta del PP, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido unas normas que impulsarán la creación de «4.182 empleos e incrementará en 215 millones el PIB de esta ciudad al introducir agilidad administrativa».
Carabante ha sostenido que llegan las normas menos de un mes después de la constitución de la Corporación por ser un compromiso del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en campaña y tras haber conseguido «sortear el permanente boicot y paralización por la izquierda y Vox».
Modificar las normas es «necesario, urgente e imprescindible» porque la realidad es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 se ha quedado atrás en la atención de las realidades de la ciudad tras el paso de 25 años, como las cocinas agrupadas, el reparto a domicilio, nuevas formas de convivencia o el ‘factor verde’.
Las nuevas normas permitirán transitoriamente transitar hacia «un nuevo PGOU para cimentar el urbanismo del futuro con la innovación como palanca de la actividad económica y social, siendo sostenibles ambiental y económicamente y equilibrando para corregir posibles desigualdades territoriales», ha defendido Carabante.
La Comunidad tiene un plazo de cuatro meses
La Comunidad de Madrid tendrá después que ratificar las normas en un plazo máximo de cuatro meses. Dichas normas han salido adelante a la tercera, tras dos comisiones fallidas en el mandato anterior, cuando el dictamen fue desfavorable.
Las normas pretenden regular desde las cocinas industriales a los pisos turísticos, además de otras realidades en la ciudad como el ‘cohousing’, el ‘coliving’, la flexibilización de usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad de las declaraciones de impacto, las tramitaciones de impacto ambiental o, la mejora de las declaraciones responsables. El mandato pasado acabó sin que los números le dieran a José Luis Martínez-Almeida por el rechazo de la oposición al documento puesto encima de la mesa.
Las cocinas industriales han ocupado gran parte del debate dado que el próximo 16 de agosto expirará la moratoria aplicada a estos nuevos negocios. Carabante ha aclarado la pasada semana que la Comunidad tiene «un plazo máximo de cuatro meses» para ratificar la norma municipal.
El Gobierno local espera que el regional no agote ese plazo máximo, especialmente porque es un expediente ya trabajado a nivel técnico, institucional y político con la Comunidad de Madrid, «que conoce perfectamente desde el mes de diciembre del año pasado».
«No esperamos que haya ningún vacío legal, entre otras cosas porque el plazo para otorgar licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid es de tres meses. Durante esos tres meses, si se aprueban definitivamente por la Comunidad de Madrid esas normas urbanísticas, entrarán en vigor las limitaciones para esas licencias y, por tanto, no tendremos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores a la aprobación de las normas», explicaba Carabante.
