La fiscal encargada de la investigación a Podemos en el Juzgado de Instrucción Nº 42 de Madrid, Lorena Álvarez Taboada, trabaja en una comisión sobre Justicia del mismo Gobierno que tiene como vicepresidente a Pablo Iglesias.
De ahí que su actuación parezca más bien la de una abogada defensora de los miembros de la formación de Iglesias, a quienes se les investiga por múltiples razones.
Entre esos presuntos delitos, uno más grave que otro, figuran financiación irregular, falsedad en documento mercantil o fraude electoral.
Sin embargo, no parece que la fiscal tenga muy claro que su papel sea defender la legalidad, pues ya aseguró que la denuncia se basa en «manifestaciones de rumores».
Así como lo leen. Y amén de ello, Álvarez Taboada agregó que la investigación gira en torno a «sospechas y suspicacias del propio denunciante». Casualmente, lo mismo que alega Podemos.
Esto, de acuerdo a un escrito al que ha tenido acceso la periodista Teresa Gómez, de OK Diario, sobre la denuncia presentada por el expodemita José Manuel Calvente.
De esta manera, la fiscal responde al recurso de apelación presentado por VOX en unos términos que no se corresponden, en lo absoluto, al papel que debería desempeñar.
Sobre todo si se toma en cuenta que actúa como miembro del Ministerio Público y que su trabajo consiste, entre otras cosas, en investigar lo sucedido.
Negada a investigar
No obstante, Álvarez parece empeñada en sustentar punto por punto las interesadas tesis de Podemos, o al menos eso dejan entrever sus declaraciones.
«No se entiende cómo es posible que sean ficticios (los contratos), cuando el propio denunciante refiere que personas de origen portugués se encontraban con Del Olmo», dijo.
Y es que según Calvente, «en los contratos suscritos con la empresa ABD EUROPA LTD habrían participado como intermediarios y comisionistas Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral».
Para sustentar dicha afirmación aportó un total de 40 documentos, entre los que destacan los contratos suscritos con la empresa mexicana Neurona, y con la portuguesa ABD.
Asimismo, añadió un requerimiento del Tribunal de Cuentas a Podemos, tras detectar que el contrato con ABD era posterior a la factura y por un monto muy superior.
Sospechas insuficientes
Luego de realizar la denuncia, Calvente fue expulsado del partido. Pero aún así, para la fiscal encargada de la investigación, eso no es suficiente.
Tampoco lo es que el 40% de la cúpula de Podemos ha tenido o tiene problemas con la Justicia, de la que, por cierto, forma parte Álvarez Taboada.
¿Por qué en lugar de aportar meras afirmaciones sobre la ilicitud de estos contratos, realmente no se realiza una investigación a fondo?
Sería el colmo que el denunciante, además de exponer las sospechas de hechos presuntamente delictivos, también deba encargarse de la investigación.
