Según ha publicado este martes el portal web The Objective, varios exsocios minoritarios de Vivanta han entregado un dossier de casi 400 folios a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el rescate de 40 millones de euros concedido por el Gobierno y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) a la red de clínicas dentales.
Los denunciantes piden que se abra una investigación y señalan también presuntos delitos de fraude y administración desleal por parte del fondo Portobello Capital.
La denuncia y los documentos aportados por los exsocios minoritarios de Vivanta ha sido registrado este lunes, según consta en un escrito de recibo y registro al que ha tenido acceso The Objective.
En la demanda se incluye el expediente que desde la pasada semana ha sido entregado a varios partidos públicos y organismos públicos. Entre ellos, la propia SEPI, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Un dossier ha prendido la mecha de la polémica en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que el Partido Popular (PP) ha registrado una pregunta parlamentaria al Ejecutivo pidiendo explicaciones por la concesión de esta ayuda, otorgada sólo tres días antes de que expirara el plazo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse.
El PP ha pedido al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión y la calificación de Vivanta como «empresa estratégica».
Quieren saber por qué el Gobierno dio luz verde a la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones tras considerar Vivanta como una empresa «estratégica». Y esto, a pesar de que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España.
El Grupo Vivanta registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia del Covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.
Una realidad que pone en duda la idoneidad de la asignación de 40 millones de euros de dinero público, que en teoría solo se puede conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia del Covid.
El Gobierno lanzó el fondo de 10.000 millones para empresas que eran «solventes» antes de 2020 y solo para los casos en que «el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», decía el Real Decreto-ley 25/2020.
El rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la ayuda solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus. Una situación que, según los propios números presentados por el grupo de clínicas dentales y estéticas, ya se venía arrastrando de ejercicios anteriores y por causas ajenas a la pandemia.
