«Por fin llegó el gran día de los derechos humanos, el gran día de la dignidad de las personas», dijo la delegada de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras, que agradeció calurosamente a la Comunidad «porque es con la colaboración y apoyo entre administraciones como se consiguen empresas tan importantes como esta, que llevaba más de 20 años esperando».
La consejera de Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, coincidió en que «es un día de celebración» que pone fin «a una situación insostenible» para quienes creen «que la dignidad está por encima de todo». Trece familias serán realojadas en viviendas sociales en régimen de alquiler; otras once en viviendas compartidas, supervisadas por la organización Accem; y solo una familia irá a un centro de personas sin hogar.
Higueras recalcó que «recibirán un seguimiento expreso» y que se cuidará tanto a los realojados como a las comunidades que los van a recibir «para que no se produzca ninguna desavenencia». Mientras, las familias observaban a distancia y con «caras de pocos amigos»; algunos declararon expresamente que no se querían marchar, como Valter, un padre de familia llegado hace catorce años y que aseguró, en un español poco entendible, que «no sabía exactamente dónde» iba a vivir.
Preguntada al respecto, Higueras dijo que «por supuesto se había consensuado con todas las familias», aunque admitió que muchas estaban «en un proceso social y, con el apoyo de entidades, irán a un recurso compartido hasta que, en ese proceso vital, lleguen a tener sus propias viviendas».
Gonzalo, por su parte, llamó a ser «especialmente generosos» no solo con las comunidades que recibirán a estos nuevos vecinos sino también con «aquellos que van a pasar a otra forma de vida que dejan atrás». Aunque el Ayuntamiento cifraba en 150 los habitantes, varios optaron por regresar a Rumanía, gracias a la coordinación con la Embajada, que estaba representada.
Dos jóvenes, que hablaron sin dejarse grabar, dijeron a Efe que se marchan «con tristeza por los recuerdos que dejan atrás» y que, por ellos, «seguirían allí sin problema». Al respecto, una voluntaria de la Asociación Barró añadió que las familias pasaron por «un proceso de aceptación tras un largo trabajo de los asistentes sociales», que debe continuar.
Según un miembro de Cruz Roja, las familias saben a qué distrito irán, pero no las direcciones exactas, mantenidas en secreto para evitar que estas viviendas fueran ocupadas y para que los vecinos «no señalen a los recién llegados como procedentes del Gallinero».
Al respecto, el cura Javier Baeza, de la parroquia San Carlos Borromeo, dijo que «lleva 12 años trabajando para integrar» a estas familias, reprochó a un concejal el «circo mediático» organizado hoy, por el afán de los partidos, entre ellos «Ahora Madrid con el apoyo del PSOE», de «apuntarse el tanto».
Asimismo, Baeza reprochó que los 43 menores, que empezaron ya el curso y eran trasladados en ruta, «tendrán que ir por su cuenta a clase», desde distritos lejanos al colegio. Fuentes municipales han precisado que «voluntarios de las entidades y del Samur Social irán trasladando a los niños desde sus nuevos domicilios al actual colegio», hasta que obtengan plaza en colegios cercanos a sus viviendas.
La asignación de plazas escolares corresponde a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento calcula que en octubre estarán escolarizados todos los niños en centros ubicados cerca de sus casas.
