El Ayuntamiento de Madrid ejecutará un cambio de modelo de gestión en la sociedad mixta Calle 30 comprando el 20 por ciento del socio privado Emesa (Ferrovial, ACS y Vinci) para ser cien por cien municipal desde enero de 2026, ha avanzado el equipo de Obras y Equipamientos Públicos, que pilota Paloma García Romero.
Las arcas municipales notarán «un ahorro considerable», de más de 50 millones, calcula el área, mientras que los aproximadamente 300 trabajadores de Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A.) serán subrogados por las empresas que concursarán en la licitación de los nuevos servicios.
En la actualidad, el Ayuntamiento posee el 80% del accionariado. El Consistorio asumió en 2004 la titularidad de la M-30 a partir de la transferencia llevada a cabo por el Ministerio de Fomento. Desde entonces se ha gestionado a través de una mercantil, Madrid Calle 30, que inicialmente fue municipal al cien por cien para posteriormente, en 2005, pasar a ser de economía mixta con la entrada del socio privado en el capital social.
Obras ya ha puesto en marcha el procedimiento para cambiar el modelo de gestión e ir a uno «más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento» después de, por un lado, «el transcurso del tiempo, los cambios normativos y la evolución económica» y, por otro, las conclusiones de un informe encargado por Hacienda a una empresa privada sobre las condiciones de sostenibilidad. También se tendrá que determinar la cuantía a abonar.
Opción de compra de las acciones del privado antes de 2026
Los servicios de gestión integral de la M-30 se regulan a través de un contrato entre el Ayuntamiento y la sociedad mixta Madrid Calle 30, mientras que el mantenimiento y explotación de la infraestructura funcionan a través de otro, suscrito entre Calle 30 y Emesa.
Aunque la vigencia de ambos contratos se extiende hasta el año 2040, el Ayuntamiento de Madrid puede ejercitar una opción de compra de las acciones del socio privado antes de que acabe 2025, de modo que la sociedad de economía mixta podría pasar a ser cien por cien municipal desde el 1 de enero de 2026.
Por qué ahora
«Ahora se nos abre la posibilidad», ha explicado la delegada García Romero. El contrato establece que el 31 de diciembre del 2025 «se puede ejercer una opción de compra y eso es lo que se va a hacer, ejercer esa opción de compra y comprar al precio que se vaya estudiando».
Con esa ventana de oportunidad, la que marca el 31 de diciembre de 2025, «se abre la opción de compra sin tener que indemnizar», ha constatado García Romero. Ir a un cambio de modelo de gestión antes, con contratos cuya duración se extienden hasta 2040, «hubiera supuesto indemnizar al socio privado por lo que quedara», ha recalcado la edil.
«Ahorro considerable»
Paloma García Romero ha adelantado el «ahorro considerable» que supondrá el cambio de modelo «puesto que se van a dejar de pagar el IVA, el Impuesto de Sociedades, los dividendos al privado», en total, más de 50 millones. Y además la gestión «puede ser, si no igual, todavía mejor». Calle 30 supone un coste anual de 155 millones de euros. La deuda que queda por abonar ronda los 111 millones dado que el contrato lleva asociado un préstamo subordinado.
La delegada de Obras ha advertido del largo proceso administrativo porque no sólo implica la tramitación del cambio de forma de gestión, con su necesario acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, sino también la tramitación paralela de los contratos que sustituirán a lo vigente entre Calle 30 y Emesa para garantizar la continuidad del servicio desde el 1 de enero de 2026.
No parece que vaya a haber problemas en el paso por el Pleno: en enero de 2022 los grupos políticos aprobaron por unanimidad poner en marcha una mesa de trabajo con la vista puesta en el cambio del modelo de gestión de Madrid Calle 30. También, con respecto a los contratos vigentes, habrá que proceder al ejercicio de la opción de compra de las acciones de Emesa, que determinará la resolución de la situación actual.
El Ayuntamiento recuerda que la M-30, con su anillo de 32 kilómetros –22 a cielo abierto, una decena subterráneos–, es la vía más transitada de España, con 374 millones de desplazamientos y 486 millones de usuarios contabilizados el pasado 2023. Constituye además la red de túneles de carreteras urbanas «más extensa de Europa y la segunda del mundo después de Japón».
