Según la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Botín y otras tres personas habrían creado una red de empresas que utilizaron para ‘esconder’ una aeronave, propiedad del propio banquero, de la que no existe registro alguno de impuestos para la actividad, aún teniendo su base de movimientos en el aeropuerto de Torejón.
Según informa la Fiscalía, con dicha operativa los querellados evitaron hacer frente al Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte (I.E.D.M.T.), cuota que por medio de la querella se les reclama y que resulta tras aplicar el tipo impositivo correspondiente teniendo en cuenta el valor de la aeronave, la cual alcanza los 10.700.000 dólares.