El abogado José Luis Mazón presenta una denuncia contra Martínez-Almeida y el edil de Medio Ambiente por el cierre de los parques y jardines

Un abogado madrileño ha presentado en los juzgados una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por un delito de prevaricación administrativa con motivo de la decisión de mantener el cierre de los parques de la capital al asumir «competencias en pandemia» que no tiene, asegura el letrado. De esta manera, mantiene el denunciante, se está impidiendo a los madrileños el disfrute de espacios verdes «cuando más se necesitan».

Según consta en la denuncia, interpuesta ayer por el letrado José Luis Mazón y a la que ha tenido acceso Europa Press, se solicita además la medida cautelar para proceder a la «inmediata» reapertura de los parques y jardines madrileños. El letrado critica la decisión del Ayuntamiento de Madrid de mantener los parques cerrados mientras «se arremolinan en turba los vecinos de Madrid en las aceras contiguas a los parques porque no pueden acceder a los jardines, los sátrapas o irracionales deben de ser inhabilitados».

En primer lugar, la denuncia menciona que el artículo 4.1 de la orden que establece las condiciones por las que se podía hacer ejercicio a partir del 2 de mayo «permite la actividad física por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden».

Una ilegalidad

Relata el texto judicial que Almeida, autor material, y Carabante, autor por cooperación necesaria, «ambos conocedores de la ilegalidad, cerraron todos los parques el pasado 14 de marzo hasta la fecha, imposibilitando así disfrutar del espacio al aire libre y aglomerando a la población en el trazado irregular de las calles estrechas que caracterizan el plano de Madrid».

«Grandes áreas verdes de la capital o la zona de Madrid Río permanecen cerrados. El resultado evidente es que las aceras y paseos están desbordados al verse encuadrados entre calles no cerradas a los coches y parques cerrados para las personas; asumiendo un alto riesgo de contagio del COVID-19», señala la denuncia.

De este modo, incide el letrado que si dicha orden «permite hacer deporte individualmente y pasear, no existe justificación al cierre de espacios verdes». Recuerda que ciudades como A Coruña, Valencia o Sevilla sí permiten pasear y hacer deporte en áreas verdes. Por tanto, cree que hay delito de prevaricación en el acuerdo del Ayuntamiento respecto del cierre de parques y jardines «incompatible» con la citada orden.

Así, señala a Almeida y Carabante como «los autores de la arbitrariedad de mantener por derecho de sátrapa o uso arbitrario del poder público». «Se debe calificar de arbitraria, es decir, no adecuada a la legalidad, el acuerdo del Ayuntamiento de cierre de todos los parques y jardines», asevera.

«Falta de competencia»

«No se trata de una interpretación errónea, equivocada o discutible, sino que hablamos de una absoluta falta de competencia del Ayuntamiento». Por todo ello, entiende que existe dolo directo en el acuerdo del Ayuntamiento. Y es que según el abogado, ha sido dictado «a sabiendas de su injusticia; esto es, con clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad, marcada por una oposición política con ejercicio arbitrario del poder». Según expone el abogado, resulta «palmario que los denunciados, de forma organizada y en clara connivencia, han abusado de su poder».