Según la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad existen incongruencias en la documentación facilitada por la empresa pública, gestionada por la edil Inés Sabanés, en tanto en cuanto las fechas del traslado del material canceroso no coinciden, así como la cantidad eliminada. La infracción, de haberse realizado, podría suponer una multa de hasta 300.000 euros para las arcas públicas.
Los hechos se remontan a noviembre de 2017, cuando el sindicato CSIT Unión Profesional denuncia una “incorrecta gestión del fibrocemento”. La organización indica que el día 7 del citado mes, la empresa concesionaria del acondicionamiento y mejora de las intalaciones del Centro de Operaciones de la EMT en Fuencarral, Elecnor SA, llevó a cabo trabajos en la cubierta de las instalaciones, cortando el techo. Ello supuso que las fibras, altamente cancerígenas, se desprendiesen, pudiendo ser inhaladas por las 322 personas que se encontraban en el lugar dicha jornada y que en la actualidad deben seguir con controles médicos.
El gerente de la empresa pública, Álvaro Fernández Heredia, manifestó entonces que se cerraron las instalaciones, lo que hubiese impedido la exposición de los trabajadores al amianto. No obstante, el SEPRONA -undiad adscrita a la Guardia Civil- sostuvo un mes después del incidente que se había generado fibrocemento en las obras de la EMT, indicando que en los trabajos se habían cometido algunas irregularidades.
El área de Planificación y Gestión de Residuos emitió un informe ya a principios de 2018 en el que advertía de contradicciones en el documento de control y seguimiento. Si bien en el expediente del Ayuntamiento de Madrid se especificaba la retirada de 722 kilos, la Consejería de Medio Ambiente había recibido en diciembre una notificación indicando que el transporte de material había sido de 100 kilos; asimismo, en el albarán de retirada figuraban 722 kilos, mientras que en otro recibo, del mismo día, la cifra era de 100 kilos. Igualmente, en la carta de porte para el transporte se detallaban como mercancías peligrosas 600 kilos de “residuos de amianto”.
Toda esta documentación presentaba además diferencias de fechas, hecho que desde la EMT atribuyeron a un “error administrativo”. No obstante, la Comunidad de Madrid concluye que no se ha justificado “la correcta gestión del residuo peligroso”, subrayando las contradicciones en cuanto a las cantidades. La Consejería también dispone que “se desconocen las condiciones de almacenamiento del residuo dentro del camión y la localización”.
