La Comunidad denuncia que Ley estatal del Suelo invade sus competencias

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El viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Blasco; el de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Manuel Beltrán; y el viceconsejero de la Vicepresidencia Primera y Portavocía, Salvador Victoria, fueron los encargados de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo estatal por considerar que invade las competencias autonómicas en esta materia y atenta contra el derecho a la propiedad privada.

Los responsables regionales aseguran que el presidente Zapatero pretende dotar de competencias a su Ministerio de Vivienda a golpe de ley miestras se las arrebata a las comunidades autónomas y a la ciudadanía. La Ley del Suelo fija una reserva obligatoria del 30% de la edificabilidad residencial que se destinará a la construcción de vivienda protegida, algo que supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda ya que la Administración central únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda.

Igualmente, la norma estatal exige que los patrimonios públicos de suelo se destinen a la construcción de viviendas protegidas u otros fines sociales, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, imponiendo así a las comunidades y ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos.

También en materia de vivienda protegida la legislación estatal detalla los casos en los que las administraciones locales podrán sustituir las entregas obligatorias de suelo para vivienda protegida por otras formas de cumplimiento de esta obligación como es el pago en metálico, incidiendo de nuevo en la política de vivienda.

Otra intromisión se produce cuando la norma atribuye al Estado la facultad de coordinar a las administraciones autonómica y municipal para imponer un sistema público de información al ciudadano sobre suelo y urbanismo, cuando ya existen mecanismos de información al público en los procedimientos regionales. La Comunidad también ha considerado una interferencia en sus funciones el grado de detalle con que la Ley estatal determina los documentos que han de ser sometidos a información pública. Además, la nueva norma incide en la capacidad de autoorganización de la Administración regional al exigir un informe de sostenibilidad económica de los desarrollos urbanísticos.

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