Desde el consistorio informaron recientemente que las sanciones de la gran Área de Prioridad Residencial (APR) de la capital comenzarán a tramitarse el próximo 15 de marzo; por su parte, el colectivo automovilista ha avanzado que impugnará las multas.
Según la plataforma, la administración local podría incurrir en una “posible ilegalidad” al imporner sanciones «por no utilizar distintivos medioambientales ya que a ningún ciudadano se le puede exigir el cumplimiento de una obligación, y mucho menos restringir su derecho a la libre circulación, sin que previamente exista una norma con rango de ley que lo ampare». La AEA cuestiona asimismo la legalidad del propio distintivo ambiental ‘V-25’, sin el cual, los vehículos de particulares no podrán acceder al centro de la ciudad.
En este sentido, la asociación mantienen su objeción sobre las competencias de la DGT a la hora de clasificar los distintivos ambientales. “La ley ha determinado quién debe expedir el distintivo, ni su formato, ni las prescripciones técnicas, ni tan siquiera el coste de expedición y quién debe asumirlo». Con respecto al precio, denuncian que determinadas entidades privadas están llegando a cobrar hasta 10 euros por expedir la ‘pegatina’, no habiéndose regulado el cobro de una tasa o precio público por la prestación de dicho servicio.
