Esta asimilación en el régimen general, acordada en 2012, se encuentra retrasada hasta enero de 2024 con la aprobación en el Congreso de una enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento, a excepción del Partido Popular, han votado a favor de la propuesta.
La enmienda tiene un número, el 6777, y su aplicación supone, en palabras de la delegada del Área de Políticas de Genero y Diversidad, Celia Mayer, “un castigo y una restricción de los derechos de uno de los colectivos más vulnerables del país”. En España, trabajan en el servicio doméstico más de 600.000 personas, de ellas, un 30% no tienen contrato laboral y el 96% son mujeres.
Sin paro y con despido libre
La aprobación de la enmienda 6777 no solo aplaza la equiparación de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que mantiene a este colectivo cobrando por debajo de los salarios reales. Ello conlleva un perjuicio para sus jubilaciones futuras y para las prestaciones contributivas de estas trabajadoras y trabajadores.
Retrasa, además, el reconocimiento de sus derechos, unos derechos que históricamente han sido discriminatorios e invisibilizados. Hoy en día no tienen reconocido el derecho a la prestación por desempleo, el despido es prácticamente libre y no está habilitada la fórmula para que inspección de trabajo pueda hacer su función en relación con este colectivo.