La Comunidad culpa al consistorio porque asegura que éste no ha solicitado las ayudas que incluye la ley, mientras que desde el Ayuntamiento sostienen que las subvenciones son insuficientes. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han explicado a Efe que, ante los «nuevos gastos» derivados por el aumento de animales no sacrificados, la Comunidad aumentó la partida de las ayudas en agosto pero el Ayuntamiento de la capital no las ha solicitado.
Desde el Centro de Protección Animal (CPA) del Consistorio argumentan que no lo han hecho porque las cantidades «son muy pequeñas» y no servirían para hacer frente a las necesidades «reales» de ampliar su capacidad y construir nuevos cheniles, donde conviven los canes dependiendo de su raza.
Durante este verano, el CPA ha tenido que rechazar la entrada de animales abandonados por falta de espacio, situación que continua hasta hoy. «Estamos saturados», aseguran. «La Comunidad de Madrid legisla pero no dota económicamente a los ayuntamientos con problemas como este», ha indicado a Efe el concejal del PSOE-M del consistorio madrileño Ignacio Benito.
El edil socialista atribuye esta situación al «desmantelamiento» de Madrid Salud -de quien depende el centro- porque la Comunidad «no dota económicamente», pero también por la falta de personal para desempeñar las acciones necesarias. Sin embargo, la Comunidad niega que no haya dotado presupuestariamente la ley, que prohíbe practicar la eutanasia a animales abandonados salvo por cuestiones de salud pública. De hecho, subraya que se han aumentado este año un 55 % las ayudas a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro.
De los 2,47 millones de euros aprobados en agosto, 1,26 millones están destinados a las subvenciones, lo que supone un aumento de 573.000 euros con respecto a 2017, detallan las mismas fuentes, que agregan que las ayudas representan «el 70 % de la inversión y gasto corriente justificado por las entidades beneficiarias». «No se puede decir que la Comunidad no ha dotado presupuestariamente la ley, es más, ha aumentado las ayudas un 55 %, luego ya es elección municipal solicitar las ayudas», insisten.
Los centros de protección se ven «atados» con la aplicación de la ley porque siguen entrando animales y muchos no logran salir de allí por su raza, su edad o su comportamiento. «Una vez que pasa el tiempo la adopción es más difícil», lamentan desde el centro. La perrera municipal del distrito de Carabanchel tiene capacidad para unos 200 perros y unos 100 gatos, aunque en la actualidad también tiene como residentes a caballos, conejos, cobayas, hámsteres, hurones y periquitos.
El 70 % de los perros de los residentes del CPA son canes de razas potencialmente peligrosas, una de las razones, según los trabajadores del centro, por las que se encuentran al límite. «Estamos atados, tenemos un problema muy grande», advierten. Los trabajadores del centro opinan que ampliar su capacidad no es la solución. «Tenemos 200 perros, si la duplicamos dentro de dos años tendremos 400. La situación va a ser la misma», afirman. Aunque reconocen que la ley ha mejorado la situación, también insisten en que el abandono es «un tema complejo» que hay que abordar desde varios frentes, como la educación en una tenencia responsable de animales.
