La presión sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no deja de aumentar tras su polémica gestión en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La situación ha desatado una tormenta política y judicial sin precedentes, que ha escalado este lunes cuando el partido Vox ha exigido su cese inmediato por lo que califican como una “cacicada” impropia de un Estado de derecho.
Desde la formación de Santiago Abascal, se acusa a García Ortiz de haber propuesto al fiscal que decidirá sobre la causa de González Amador de manera arbitraria, sin respetar la imparcialidad debida. “Es inadmisible que quien debe velar por la justicia actúe como un brazo más del Gobierno”, han denunciado desde Vox, señalando un uso partidista y político de la Fiscalía.
Reacción del Consejo Fiscal y otras voces críticas
Las críticas no se limitan a Vox. Un número creciente de fiscales y asociaciones judiciales han cuestionado la continuidad de García Ortiz, especialmente después de que el Consejo Fiscal, órgano asesor del Ministerio Público, solicitara abiertamente su renuncia. Esta petición se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir diligencias contra él por revelación de secretos en el marco del caso contra la pareja de Ayuso.
Además, importantes figuras políticas se han sumado a las críticas. El expresidente del Gobierno, Felipe González, calificó como “inaceptable” la permanencia de García Ortiz en el cargo: “Si se confirma que ha utilizado la Fiscalía para difundir datos confidenciales con fines políticos, debe irse inmediatamente”, dijo en declaraciones a medios.
Silencio cómplice del Gobierno y apoyo desde sectores afines
Pese a las numerosas peticiones de dimisión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general en julio de 2022 tras la salida de Dolores Delgado. Tanto el PSOE como sus socios parlamentarios han optado por respaldar su continuidad, calificando las acusaciones como un “intento de desestabilización” orquestado por la derecha.
García Ortiz, por su parte, ha defendido su actuación, asegurando en sede parlamentaria que “dimitir sería una concesión a los delincuentes” y que ha actuado con imparcialidad. Sin embargo, sus declaraciones no han calmado los ánimos y han sido interpretadas por muchos como una huida hacia adelante cargada de arrogancia y desprecio institucional.
Un fiscal general al servicio del poder político
Los últimos movimientos de García Ortiz han reforzado la percepción de que la Fiscalía está al servicio del poder político, algo que muchos consideran gravísimo en una democracia. Según diversas fuentes jurídicas, su decisión de intervenir personalmente en la causa de González Amador, sumada a la difusión de un comunicado con información reservada del expediente, representa una injerencia directa y una vulneración de derechos fundamentales.
Desde asociaciones como la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, se ha denunciado lo que consideran una instrumentalización política del Ministerio Fiscal, algo que rompe con la necesaria independencia del órgano.
“El fiscal general del Estado no puede ser un comisario político del Gobierno, ni puede decidir arbitrariamente sobre quién debe instruir un caso tan sensible como este”, ha dicho Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, en una entrevista reciente.
La Fiscalía General del Estado: una institución erosionada
La permanencia de Álvaro García Ortiz en su cargo tras esta sucesión de escándalos está dejando una huella profunda en la credibilidad del Ministerio Público. Lo que está en juego no es sólo su continuidad, sino la confianza ciudadana en la justicia. Una Fiscalía politizada debilita el Estado de derecho, favorece la impunidad y erosiona los principios básicos de la democracia.
Mientras el presidente Pedro Sánchez guarda silencio y sigue sosteniendo a su fiscal general, crece el clamor popular y político que pide su cese inmediato. España no puede permitirse un fiscal general cuestionado, investigado y deslegitimado. La regeneración institucional empieza por asumir responsabilidades y poner fin a la arbitrariedad.