El juez practica las diligencias solicitadas por las partes dentro del procedimiento de jurado popular
El juez Jaime Serret interrogará este viernes a casi una decena de vecinos del número 18 de la calle Lagasca, en el distrito de Salamanca, dentro de la causa en la que investiga la legalidad de una intervención policial que se realizó el pasado 21 de marzo en un piso para disolver una fiesta ilegal en pleno auge de contagios, y en la que se usó un ariete para acceder a la fuerza.
Las citaciones se señalaron en el auto por el que el juez de Instrucción número 28 de Madrid acordó el pasado 14 de octubre archivar la causa respecto a cinco de los seis policías investigados por un delito de allanamiento de morada. La resolución está pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid tras ser recurrida por el inquilino, a través de su abogado Juan Gonzalo Ospina.
En concreto, el instructor citó a ocho vecinos y al casero para «acreditar si el piso 2ºC del número 18 de la calle Lagasca era una vivienda donde vivía el denunciante, o bien era un piso donde no vivía nadie y se utilizaba como discoteca clandestina durante el confinamiento».
Por ahora solo se investiga al subinspector de la Policía Nacional al mando del operativo desarrollado esa madrugada. La causa se enjuiciará por el procedimiento de Jurado Popular. En una audiencia celebrada el pasado 8 de octubre para la solicitud de pruebas, las partes solicitaron una batería de diligencias a practicar.
Deniega la testifical de Marlaska
El letrado Juan Gonzalo Ospina solicitó la testifical del ministro, en aras de acreditar que «el Ministerio del Interior no autorizó de manera previa la actuación de los agentes de la Policía Nacional para infringir el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se cometan infracciones administrativas».
En la resolución el juez denegó las diligencias solicitadas por el letrado, dado que a su juicio «no van dirigidas como exige el artículo 27 de la LOTJ antes citado, a comprobar la existencia de los hechos denunciados, sino que tratan sobre la opinión (jurídica o no) de terceros sobre estos hechos».
En cambio, sí aceptó algunas de las diligencias solicitadas por la defensa de los agentes, defendidos por la Abogacía del Estado y por un sindicato policial, en relación a las testificales de los vecinos del número 18 de la calle Lagasca.
