Un inspector de la Policía Municipal de Madrid que elaboró un informe de las mascarillas de Luis Medina y Alberto Luceño ha declarado en el juicio que validó la documentación en chino remitida por el proveedor malayo en una página web, desconociendo la advertencia del Ministerio de Trabajo contra la empresa que certificaba que el material de grafeno tenía el marcado de la Comunidad Europea.
El juicio por el caso de las mascarillas ha celebrado su cuarta sesión con varios testigos, entre ellos el exdirector de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Este viernes comparecerán en la vista oral dos peritos de la Agencia Tributaria.
Un inspector ha declarado sobre un informe pericial interno que elaboró para el director general de la Policía Municipal de aquella época, marzo de 2020.
En el mismo se analizaba la documentación en chino y en inglés remitida por el proveedor malayo del material sanitario y no la calidad de los cubrebocas traídos por los comisionistas Medina y Alberto Luceño a Madrid a través de la empresa malaya Leno.
El testigo ha detallado que validó las mascarillas de grafeno compradas por el Ayuntamiento de Madrid al comprobar la certificación internacional a través de una página web y al constatar de que aparecía el nombre del modelo, KN95. «Esta página ponía que ese operador cumplía con los estándares europeos», ha señalado a preguntas de las acusaciones populares.
La abogada de Más Madrid le ha preguntado si sabía que había una alerta del Ministerio de Trabajo acerca de la invalidez de esa empresa de certificación, algo de lo que el testigo ha dicho que desconocía.
Otro perito ha ratificado un informe que concluye la falsedad de varios documentos con el membrete de la Cámara de Comercio Internacional incluidos con los contratos con el proveedor malayo, documentos que pretendían garantizar el cobro de la comisión por parte del intermediario.
También ha comparecido el exdirector de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, quien ha hablado sobre la donación que hicieron los procesados de las mascarillas, de las que 50.000 fueron a parar al Hospital Puerta de Hierro en el que trabajaba la mujer de Luceño.
El testigo ha indicado que su departamento no verificaba la mercancía, sino que se dedicaba a almacenarla y a hacer un control de su entrada.
