El último despropósito del secretario general y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo del PSOE de Extremadura, que ha sumido en una crisis a su partido en esta comunidad, ha sido defender que el objetivo de aforamiento en la Asamblea de Extremadura es para que «termine el proceso de instrucción».
Gallardo está siendo acusado por la jueza por prevaricación y tráfico de influencias en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Por ello, y si finalmente se celebra juicio oral por la causa contra David Sánchez, en la que él también está investigado, el procedimiento deberá ser trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), tras solicitar su entrada en la Asamblea.
En este sentido, Gallardo ha asegurado que «podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace un año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa», y según él siente «indefensión» por parte de las personas afectadas en la causa, quienes llevan un año llevan sumidas en la «la pena del telediario sin más interés que el de las acusaciones populares que están formadas por Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos».
«Yo creo que ya está bien, el Partido Socialista no puede esperar a que se siga manteniendo la estrategia del Partido Popular«, ha aseverado, partido que busca que el secretario general de los socialistas extremeños «no esté en la Asamblea».
De este modo, en una entrevista en RNE Miguel Ángel Gallardo ha criticado que se busque «alargar el procedimiento» para que llegar a las próximas elecciones autonómicas «sin tener la posibilidad de poder confrontar con las peores políticas que se han podido poner en marcha en Extremadura».
Por ello, ha explicado, da ahora un «paso al frente» y lo hace «con responsabilidad» y «desde la convicción» de que probablemente ha sido un «poco ingenuo creyendo que el procedimiento iba a seguir los cauces de lo que debe ser un proceso judicial normal» y tras el escrito de la Fiscalía «absolutamente determinante» donde dice que lo único que existe en el auto son «conjeturas y que no hay delito».
Se refiere así Gallardo al escrito de la Fiscalía en el que pide a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación por la contratación en la Diputación de Badajoz, presidida por el propio Gallardo, de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Varios socialistas dimitieron para que Gallardo pudiera entrar en la Asamblea
Varios socialistas han tenido que renunciar a su cargo, para que Gallardo pueda entrar como diputado autonómico en el parlamento extremeño. De los cinco socialistas que han renunciado a un sueldo bruto anual de más de 66.000 euros que cobrarían como diputados autonómicos, cuatro tienen relación con el líder o directamente trabajan para él en el organismo provincial. El caso más flagrante es, precisamente, el de la diputada que con su renuncia abrió la veda para que Gallardo pudiese llegar a la Asamblea.
Se trata de Mari Cruz Rodríguez, le debe buena parte de su trayectoria política: fue su jefa de gabinete y en 2021 consiguió plaza de funcionaria, como redactora, en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde Gallardo ha gobernado con mayorías absolutas entre 2003 y el año pasado.
La polémica salta después de que varios medios regionales hayan apuntado a que la salida de Rodríguez de la Asamblea vendría motivada por la promesa de un cargo como subdelegada del Gobierno de Badajoz, un puesto que actualmente ocupa Maribel Cortés. Un cese que, según señalan esos mismos medios, habría paralizado el delgado del Gobierno, José Luis Quintana.
El propio delegado del Gobierno ha negado esa información a través de sus redes sociales. «Ante tanto ruido mediático y para que sirva de aclaración. En ningún momento he cesado de su cargo a la subdelegada del Gobierno en Badajoz. A pesar de la interpretación interesada, nadie ha puesto freno a lo que no ha existido. Y ante lo ocurrido, todo mi apoyo a Miguel Ángel Gallardo», ha publicado Quintana.
