La Comunidad señala que los cambios se van a realizar escalonadamente, a partir de este verano, en un periodo de dos años, siendo el objetivo mejorar y optimizar la red pública de centros
UGT se moviliza de nuevo contra la reorganización de los Centros de protección a la infancia y adolescencia, con una concentración este jueves a las 11 horas frente a la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, situada en la calle O’Donnell número 50 de la capital, en el distrito de Retiro.
Hace ya dos semanas, desde la sección de Menores y Familia de UGT Servicios Públicos Madrid, denunciaban públicamente este plan, que su juicio «surge de los compromisos políticos de la consejera», pero que su ejecución corre a cargo de los responsables de la Dirección General de Infancia y la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
La reordenación afecta en total a siete residencias. Tres de ellas salen del casco urbano de Madrid para establecerse, entre la carretera N-2 y el aeropuerto en un caso (Casa de Campo) y en el kilómetro 13 de la carretera N-607 en los otros dos (ICE y Acacias).
Dos de ellas ven aumentado el número de niños que venían atendiendo y modifican sustancialmente su trabajo (El Valle y El Rosa). Mientras que una de ellas directamente, desaparece, cerrando un recurso muy específico para bebés con dificultades (La casa de los niños).
Además, según datos de UGT, supone el traslado de dos centenares de niños y niñas, «ya de por sí en situación muy complicada, que al distanciamiento de sus familias sumarán ahora otro cambio traumático». Y provocará también el traslado de unas 350 trabajadoras.
«Todas estas personas afectadas negativamente, todos los principios educativos básicos ignorados, como normalización, integración, cercanía o estabilidad. Toda esta tormenta perfecta de niños, niñas y profesionales desplazados para un propósito y un interés político que nada tiene que ver con la mejora objetiva de la red. Que no tiene que ver, en última instancia, con el interés superior del menor, que debe inspirar cualquier aspecto del sistema de protección», señala el sindicato.
Por ello, piden «que impere la cordura» y que se afronte cualquier cambio desde la negociación; «pero hasta ahora, y tras la reunión de hoy con el gerente de AMAS, la voluntad de la Administración es hacer, o más bien deshacer a su antojo sin contar con nadie».
«De hecho, nos deja claro que nos convoca exclusivamente para tratar como realizarán los traslados forzosos del personal», se quejan.
Desde UGT exigen que se mantenga la actividad de La casa de los Niños porque «cerrar un recurso con tal nivel de especialización es un sinsentido y una pérdida que la red no puede permitirse»; y que no se segreguen los centros ICE y Acacias fuera del casco urbano de Madrid porque «supondría grandes problemas de normalización para niños y niñas así como la pérdida del único centro territorializado que atiende a Carabanchel».
También piden que no se traslade a los menores del centro Casa de Campo porque «no pueden ser usados como arma arrojadiza o chivo expiatorio de extremismos políticos», y que la consejera cumpla el compromiso firmado en 2019 de hacer de gestión «enteramente pública» el centro Casa de Campo.
Entretanto, el sindicato quiere que los «acuerdos se cumplan» y seguirán llamando a la puerta de la Consejería «reclamando la atención que las niñas y los niños protegidos y el conjunto de profesionales que les atienden merecen».
La Comunidad quiere «optimizar recursos y mejorar la calidad»
En cambio, para la Consejería de Familia y Juventud, la reordenación en 3 de los 25 centros públicos para atender las necesidades de los menores con medidas de protección tiene como objetivo «optimizar recursos y mejorar la calidad de la atención que se presta a los niños».
Según señalan a Europa Press, el modelo de la Comunidad de Madrid, en línea con el del resto de regiones, «apuesta decididamente» por el acogimiento familiar como alternativa óptima para el desarrollo personal y social de los menores (el 60% de los 3.700 niños tutelados en la región está ya en una familia) y, entre otros objetivos, plantea que ningún menor de 0 a 6 años resida en un centro en 2026, tal y como recoge el Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia aprobado el pasado 5 de mayo por el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
Desde el departamento que dirige Concepción Dancausa aseguran que el cierre y posterior transformación de Casa de los Niños es algo que se viene planteando desde hace años «por lo alejada que está de los sus recursos hospitalarios y pediátricos de referencia». Los 20 niños y 77 trabajadores de Casa de los Niños se distribuirán entre dos centros que atenderán el tramo de 0 a 6 años.
Por su parte, la Residencia Infantil El Valle acogerá a los niños con enfermedad y con el refuerzo de personal dispondrá de plantilla sanitaria 24 horas al día. Además, cuenta con la ventaja de tener el Hospital Clínico muy cerca.
Asimismo, las 130 personas que actualmente se encuentran en el Centro Ocupacional Barajas, con discapacidad intelectual no gravemente afectadas, van a trasladarse al Edificio Isabel Clara Eugenia ICE de Hortaleza, «donde van a tener acceso a una mayor vida social acorde a sus capacidades».
Una vez hecho ese traslado, se plantea utilizarlo como Centro de Primera Acogida de Menores Extranjeros en vez de Casa de Campo, «que era un albergue juvenil hasta que en 2018 se decidió utilizarlo para atender a una crisis migratoria».
El Centro de Primera Acogida ICE se trasladará de manera transitoria a la Residencia Acacias (Finca Vista Alegre), y posteriormente, de manera definitiva, al Colegio San Fernando (en la Carretera de Colmenar Viejo) cuando finalice su adecuación en 2024.
Además, señalan que los cambios se van a realizar escalonadamente, a partir de este verano, en un periodo de dos años, siendo el objetivo mejorar y optimizar la red pública de centros y teniendo como prioridad el interés superior del menor.
«Los sindicatos han sido informados del proyecto. No se pierden puestos de trabajo, ni plazas, aunque el objetivo no es la institucionalización de los menores sino su acogimiento o adopción por una familia», aseguran la mismas fuentes.
