La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han sido los principales instrumentos del Estado para desentrañar redes de corrupción política en democracia.
A través de operaciones de alto perfil como Gürtel, Púnica, ERE o Kitchen, han dejado claro que ningún partido, por poderoso que sea, está por encima de la ley. La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz este viernes por orden del Supremo para clonar el correo del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a poner el foco en el papel crucial de estas unidades en la lucha contra el delito en las estructuras de poder.
Esta nueva intervención se enmarca en la investigación del llamado caso Koldo, por el que se investiga una presunta trama de adjudicaciones irregulares durante la pandemia, que afecta directamente a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ambos fueron los secretarios de Organización y mano derecha del presidente Pedro Sánchez con altos cargos en el PSOE.
El objetivo del registro ha sido clonar correos corporativos como prueba en el procedimiento judicial que instruye el Tribunal Supremo.
El caso Filesa: el primer gran escándalo de corrupción del PSOE
Antes de Ferraz, hubo otro caso que marcó un hito en la historia de la corrupción política en España: el caso Filesa.
Esta trama de financiación ilegal del PSOE estalló en 1991, cuando se descubrió que empresas pantalla como Filesa, Malesa y Time Export habían recibido pagos millonarios de grandes compañías a cambio de contratos públicos durante el Gobierno de Felipe González.
Filesa fue un precedente fundamental: demostró que los partidos podían utilizar estructuras paralelas para financiarse al margen del sistema legal. En 1997, el Tribunal Supremo condenó a nueve personas, entre ellas al diputado socialista Carlos Navarro, en la primera sentencia que señalaba directamente a un partido político por corrupción sistémica.
Aunque el PSOE negó inicialmente la responsabilidad, el escándalo supuso un golpe durísimo a su imagen y credibilidad, y se convirtió en referencia obligada en todas las investigaciones posteriores.
La UCO entra en Ferraz: caso Koldo y correos bajo sospecha
Durante este viernes, agentes de la UCO se personaron en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, así como en el Ministerio de Transportes, con el fin de clonar los correos electrónicos de Santos Cerdán y otros ex altos cargos del entorno de José Luis Ábalos. Esta diligencia fue autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga una posible organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El operativo también incluyó peticiones a 30 entidades bancarias para rastrear movimientos de dinero presuntamente vinculados a mordidas, así como información sobre 11 contratos públicos que habrían sido adjudicados irregularmente.
La entrada en Ferraz se produjo de forma discreta y el registro se prolongó por un periodo de más de dos horas, pero generó un terremoto político a dos semanas de celebrarse el Comité Federal del PSOE.
Este caso implica una trama creada para lucrarse con las adjudicaciones dd material sanitario, pero que habría continuado después en sectores como la obra pública, con presuntas mordidas que se repartían tanto Ábalos, como Santos Cerdán y Koldo García.
Ferraz no es la primera sede registrada: antecedentes clave
La UCO y la UDEF ya han registrado en democracia las sedes de varios partidos políticos, siempre con base en autos judiciales firmes. Entre los más sonados:
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Calle Génova (2013): La sede del Partido Popular fue registrada por la UDEF en plena investigación del caso Gürtel. Se buscaban pruebas de una contabilidad paralela del PP y pagos en B a altos dirigentes, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
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Sede de Convergència (2015): La Guardia Civil entró en la sede del partido catalán por el caso 3%, que investigaba comisiones ilegales a cambio de obras públicas.
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PSC (2009): En el marco del caso Pretoria, también se realizaron registros vinculados a financiación irregular.
Cada uno de estos registros supuso un antes y un después en la política española, al cuestionar la supuesta impunidad de los partidos y reforzar el papel del poder judicial en la defensa del interés público.
El papel de la UCO y sus consecuencias políticas
El papel de la UCO está siendo fundamental pars las investigaciones sobre casos de corrupción, dada la magnitud de las investigaciones abiertas, entre ellas no solo el caso Koldo, sino también las causas relacionadas con Begoña Gómez y el hermano del presidente Pedro Sánchez.
La entrada en Ferraz ha generado reacciones inmediatas. El PSOE señaló su “máxima colaboración con la justicia”, pero en privado, dirigentes socialistas temen el impacto mediático de una imagen que recuerda a otros escándalos. Por su parte, el PP y Vox han exigido que Sánchez salga del bunker y que convoque elecciones, tras los escándalos diarios, donde según los populares mañana será peor que hoy por lo nuevo que esté por llegar.
Además, el Tribunal Supremo ha citado a Santos Cerdán a declarar el 30 de junio. La fiscalía investiga ahora también su patrimonio, tras revelarse su presunta implicación como beneficiario indirecto de contratos públicos a través de Servinabar, empresa navarra vinculada a adjudicaciones bajo sospecha.
La justicia frente a los partidos
El caso Filesa, el registro a Ferraz y otras actuaciones similares muestran una tendencia irreversible: la justicia avanza hacia la transparencia, incluso si debe enfrentarse a los pilares del sistema político. La independencia de la UCO y la UDEF ha sido esencial para que ninguna sigla escape al escrutinio legal.
Estos cuerpos, altamente cualificados, no actúan por impulso político, sino a instancias de jueces y fiscales que autorizan sus pasos. De ahí que sus operaciones, por delicadas que sean, gocen de legitimidad institucional y respaldo público.
La entrada de la UCO en Ferraz es una nueva página en la larga historia de la relación entre poder y corrupción en España. Desde Filesa en los 90, pasando por los escándalos de PP y CDC, hasta el actual caso Koldo, los registros a sedes de partidos reflejan que el sistema judicial, aunque lento, puede actuar.
La ciudadanía espera que estas investigaciones desemboquen en depuraciones reales de responsabilidades. Mientras tanto, la UCO y la UDEF continúan su labor como guardianes silenciosos del Estado de derecho, dispuestos a entrar donde antes nadie entraba: el corazón de los partidos.
