Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado ante el Tribunal Supremo su informe en el que atribuyen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un «papel preeminente» en la presunta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los agentes comparecieron este viernes como peritos en el Tribunal Supremo, a solicitud de la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en el caso.
Durante la audiencia, los agentes se limitaron a confirmar las conclusiones de su informe, en el que se señala que García Ortiz dirigió la redacción de una nota de prensa publicada el 14 de marzo de 2024 para desmentir una noticia del diario El Mundo, y ordenó la divulgación de correos electrónicos entre la Fiscalía y la defensa de González Amador.
García Ortiz pidió que los agentes que elaboraron ese informe comparecieran para ratificar o no su contenido y hacer las aclaraciones oportunas a petición de las partes, especialmente las defensas. El juezHurtado lo rechazó «porque, si de una ratificación se trata, nada aporta ello al propio informe» y, «en lo que a la aclaración concierne, es cuestión que corresponde, llegado el caso, en el acto del juicio oral».
Cabe recordar que este informe resulta fundamental en la investigación que el Supremo dirige contra los dos fiscales por la presunta revelación de secretos cometida contra González Amador en tres hechos: por un lado, la supuesta filtración a la prensa de que estaba siendo investigado por delitos fiscales; y, por otro, el ‘email’ del 2 de febrero de 2024 donde la defensa del empresario se ofrecía a reconocerlos para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.
Sin embargo, la Sala de Apelación recordó que la ley «permite al juez de oficio, o mediante la reclamación de los defensores de las partes, como es el caso, pedir a los peritos las aclaraciones necesarias», tanto en la fase de instrucción como en el juicio, por lo que admitió la diligencia, tras lo cual Hurtado puso fecha.
Respecto al papel de Pilar Rodríguez, los agentes indicaron que, según las comunicaciones analizadas, ella se limitó a seguir las órdenes de su superior, García Ortiz. Esta afirmación refuerza la tesis de que la responsabilidad principal en la presunta filtración recae sobre el fiscal general.
La Abogacía del Estado cuestionó las conclusiones de la UCO, lo que provocó que varias acusaciones expresaran su descontento. El magistrado instructor, Ángel Hurtado, dio la razón a las acusaciones y llegó a inadmitir varias preguntas de la Abogacía, recordando que el objetivo de la comparecencia era la ratificación del informe y no un nuevo interrogatorio.
Además de hacer referencia a la nota informativa del 14 de marzo y a la filtración de los correos electrónicos que mencionaba, los agentes incluyeron en su informe la filtración a la prensa de la denuncia presentada por el Ministerio Público contra González Amador por delitos fiscales.
La UCO señaló a la Fiscalía como responsable de dicha filtración y subrayó que la noticia sobre dicha denuncia se publicó en prensa el 12 de marzo, «es decir, tan solo cuatro días después» de que la Fiscalía General del Estado la recibiera «de manera completa» desde la Fiscalía Provincial de Madrid.
Este informe cobró mayor importancia después de que el Supremo constatara que no podría conocer el contenido del teléfono móvil del fiscal general porque, según le informó la UCO, García Ortiz los borró eliminando igualmente la cuenta de Gmail. El juez intentó recuperar esa información a través de WhatsApp y Google pero le remitieron datos sin interés para el caso.
Antecedentes del caso
El caso se centra en la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que se reconocían delitos fiscales y se ofrecía un pacto para evitar la cárcel. Este correo fue publicado por varios medios de comunicación, lo que llevó a la apertura de una investigación por revelación de secretos
En diciembre de 2024, el Tribunal Supremo ordenó a la UCO nuevas diligencias sobre el móvil del fiscal general García Ortiz, después de que se descubriera que había eliminado mensajes y desactivado su cuenta de correo electrónico tras conocerse el caso.
La investigación se encuentra en su fase final, y la Asociación Independiente de Fiscales ha solicitado la apertura de juicio oral contra García Ortiz. Aunque no se ha encontrado una prueba directa que vincule al fiscal general con la filtración, los peritos sostienen que pudo haber conocido el contenido del correo antes de su publicación.Además, las comisiones rogatorias a Google y Meta no han arrojado resultados relevantes, lo que complica la obtención de pruebas adicionales.
