El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, está sumido en una nueva tormenta política tras revelarse, a través de informes de la UCO( Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, que Rafael Pérez Ruiz, actual Secretario de Estado de Seguridad y antiguo jefe de Gabinete de Marlaska, habría mantenido contactos directos con Koldo García, figura clave en la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) no dejan lugar a dudas sobre la implicación de altos cargos del Ministerio del Interior de Marlaska en esta red de contratos presuntamente fraudulentos. En estos documentos, Rafael Pérez Ruiz figura bajo la clave “Rafael Jef Gab Interior De Marlaska”, y se detalla su estrecha relación con Koldo García, asesor del exministro de Transportesexministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El Ministerio de Marlaska, señalado por la UCO por facilitar contratos bajo sospecha

Según los documentos de la UCO, el Ministerio del Interior, dirigidos por el ministro Marlaska, adjudicó contratos millonarios de emergencia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada directamente con Koldo García. Estos contratos, destinados a la compra de mascarillas durante el punto álgido de la crisis sanitaria, se otorgaron sin los debidos controles, lo que ha encendido todas las alarmas sobre un posible uso indebido de fondos públicos.

Esta información contradice gravemente las declaraciones públicas de Pérez Ruiz, quien ha negado cualquier implicación en el proceso de contratación. Sin embargo, la UCO indica que Koldo visitó la Secretaría de Estado de Seguridad en repetidas ocasiones durante el proceso de adjudicación, y que incluso participó en la tramitación del polémico viaje de Delcy Rodríguez a España, otro escándalo diplomático que salpicó a varios miembros del Ejecutivo.

El ministro y su número dos, bajo presión por la trama de las mascarillas

El hecho de que Rafael Pérez Ruiz fuera ascendido a secretario de Estado por el propio Marlaska tras estos hechos siembra dudas sobre el criterio de promoción dentro del Ministerio. ¿Se premió a un funcionario señalado por sus vínculos con una red corrupta? ¿Qué sabía Marlaska realmente sobre las actividades de su entorno más cercano?

Cada vez son más las voces que reclaman la comparecencia inmediata de Grande-Marlaska y de Pérez Ruiz ante el Parlamento y la justicia. Incluso el exministro Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que ambos testifiquen en el caso Koldo, lo que demuestra la magnitud política del escándalo.

El silencio del Ministerio de Marlaska: ¿Complicidad o negligencia?

Hasta el momento, el Ministerio del Interior ha evitado dar explicaciones claras a la opinión pública. No se ha emitido ninguna declaración oficial que justifique la relación de sus altos cargos con un entramado empresarial bajo investigación judicial por fraude, tráfico de influencias y malversación.

Este silencio institucional, en un contexto de máxima sensibilidad, puede ser interpretado como un intento de encubrimiento o de negligencia política grave. La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata del uso de dinero público en plena emergencia sanitaria.

Una crisis de confianza institucional sin precedentes

Este escándalo golpea de lleno la credibilidad del Ministerio del Interior, que ya venía debilitada por otras controversias. El caso Koldo pone de manifiesto fallos sistémicos en los controles internos del Gobierno, la falta de transparencia en los contratos de emergencia y, lo más grave, la presunta participación activa de altos responsables políticos.

La sociedad española no puede tolerar que quienes tienen el deber de proteger y gestionar los recursos del Estado estén involucrados en tramas de corrupción. Rafael Pérez Ruiz y Fernando Grande-Marlaska deben asumir responsabilidades políticas cuanto antes.

Transparencia, dimisiones y justicia

Con la investigación en marcha, cada nueva revelación hunde más al Ministerio del Interior en un lodazal político. El caso Koldo y la trama de las mascarillas ya no es solo una cuestión judicial, sino un escándalo de Estado que exige medidas contundentes: dimisiones, comparecencias urgentes y depuración de responsabilidades.

En un momento en el que la ciudadanía exige integridad, la continuidad de Marlaska al frente del Ministerio del Interior es insostenible si no se ofrecen respuestas inmediatas y creíbles.