La tensión en el seno del PSOE no para de crecer cada día, como consecuencia de las investigaciones que acorralan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez y por las nuevas informaciones que puedan salir en este caso contra Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.
Después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en la sede de Ferraz para analizar exhaustivamente el correo corporativo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, han encendido las alarmas por la nueva información que podría desvelarse ya que podría tener nuevas aristas que podría implicar a cargos institucionales.
Según fuentes internas del partido, Ferraz teme que en esa correspondencia existan indicios directos de la participación de Cándido Conde-Pumpido, en la redacción de la controvertida ley de amnistía y que fue aprobada el pasado jueves por 6 votos favorables frente a los 4 magistrados que se opusieron a dicha polémica ley, que fue ha sido fundamental para que Junts aprobase en el Congreso de los Diputados la investidura de Pedro Sánchez.
El acceso a este correo ha sido autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Leopoldo Puente, que instruye el caso de las presuntas mordidas vinculadas a contratos de obras públicas. Sin embargo, lo que en un principio parecía una investigación económica podría convertirse en una bomba política y judicial con ramificaciones constitucionales.
El PSOE intentó bloquear el análisis del correo para evitar que se pueda investigar a Conde-Pumpido
Antes de que la Guardia Civil procediera al análisis del contenido del correo, el PSOE realizó una copia de seguridad de toda la bandeja de entrada y bloqueó el acceso interno a la cuenta. Posteriormente, el partido solicitó formalmente que no se analizaran los mensajes no relacionados con la causa, especialmente aquellos vinculados a la estrategia política del partido y a la negociación de la Ley de Amnistía con Junts.
No obstante, el juez Leopoldo Puente rechazó la petición, recordando que el PSOE no forma parte del procedimiento judicial y, por tanto, no puede solicitar medidas procesales. Aun así, el magistrado garantizó que se excluirán del análisis aquellas comunicaciones que no guarden relación con el objeto de la causa. Sin embargo, esa exclusión no es automática ni está supervisada por el propio partido.
¿Qué teme realmente Ferraz?
Según han informado fuentes cercanas a Ferraz, existe una profunda preocupación por el contenido de determinados correos que Cerdán habría intercambiado con altos cargos del Gobierno y asesores jurídicos durante la redacción de la ley de amnistía. Lo más delicado, según estas fuentes, sería la existencia de comunicaciones con personas del entorno de Cándido Conde-Pumpido, que podrían evidenciar una participación informal o asesoramiento directo en la elaboración del texto legal.
La participación de Conde-Pumpido en una ley que posteriormente tuvo que validar el Tribunal Constitucional podría suponer un grave conflicto de intereses y un escándalo institucional de primer orden.
El propio presidente del Constitucional ha sido duramente criticado en las últimas semanas por no haberse abstenido en la votación que avaló la constitucionalidad de la amnistía a pesar de sus vínculos previos con el PSOE.
El Constitucional decidió no atender la petición del PP que buscaba que Pumpido, se abstuviera de las deliberaciones sobre la primera sentencia de la amnistía.
Declaraciones de Cerdán ante el Supremo
El nerviosismo en el PSOE se intensificó tras la declaración de Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo, en la que reconoció abiertamente que la ley de amnistía era condición esencial para la investidura de Pedro Sánchez. Con estas palabras, derrumbó la narrativa oficial del Gobierno, que había defendido la medida como una cuestión de “reencuentro” y “convivencia”.
Además, Cerdán reconoció su papel clave en la negociación con Junts per Catalunya y sus viajes a Waterloo para buscar el apoyo del partido de Carles Puigdemont, lo que le sitúa como pieza central de una operación política y legislativa que ahora podría tener implicaciones penales si se demuestra que existió intervención de jueces o magistrados en su redacción.
Posible apertura de nueva causa por prevaricación contra Conde-Pumpido
La UCO, según fuentes judiciales, ya ha puesto en conocimiento del juez instructor que podrían existir elementos suficientes para abrir una pieza separada que investigue delitos de prevaricación o colaboración indebida entre poderes del Estado.
En este sentido, la figura de Conde-Pumpido podría verse directamente comprometida si se hallaran correos que demuestren una influencia ilegítima en la redacción de leyes que posteriormente él mismo avaló.
La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó hace unos días una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por presuntos delitos de prevaricación judicial dolosa, prevaricación culposa, prevaricación administrativa y cohecho impropio.