La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las principales fuerzas investigadoras de delitos de corrupción en España, atraviesa uno de sus momentos más delicados. A medida que se intensifican las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la UCO no solo se enfrenta una carga de trabajo desbordante, sino también presiones políticas y falta de recursos materiales y humanos, lo que pone en jaque su efectividad y autonomía.
Según fuentes internas esta unidad se encuentra al límite de su capacidad operativa. Lo que dificulta en gran medida investigar a fondo las tramas de corrupción de alto nivel que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que en diferentes casos que están realizando informes, lleva consigo escuchar horas de grabaciones con un equipo muy reducido de personas. Algunos de sus miembros han solicitado incluso, el cambio de destino por las presiones políticas y de altos mandos que están recibiendo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado también que los agentes de la UCO trabajan sin una jornada definida, con disponibilidad 24/7, lo que dificulta aún más la ejecución de investigaciones técnicamente complejas. La situación se agrava cuando se multiplican las solicitudes de jueces y fiscales, que confían en esta unidad para esclarecer delitos como el blanqueo de capitales, prevaricación o tráfico de influencias.
Fuentes de El Distrito, tienen constancia de que han intentado facilitar a la UCO pruebas falsas con el objetivo de desacreditar a esta unidad especializada de la Guardia Civil sobre las diferentes investigaciones que están realizando, tras el error en la estimación de valor de una propiedad del exministro Ábalos en Colombia.
A esto se suma que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dependiente de la Policía Nacional y que podría colaborar de manera estrecha con la UCO facilitando información relevante, no está ayudando de manera estrecha , sobre todo si tenemos en cuenta que hace unos meses fue detenido el inspector jefe, Óscar Sánchez, por varios delitos y sus estrechos vínculos con el narcotráfico.
Investigaciones sensibles de la UCO que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez
En los últimos meses, la UCO ha tenido un papel protagonista en varios casos de alto impacto que han generado incomodidad en La Moncloa. Entre ellos destacan:
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El caso Koldo, que salpica al exministro José Luis Ábalos, imputado por el Tribunal Supremo por cuatro delitos y que apunta posibles vínculos con el propio presidente Pedro Sánchez y con varios ministros.
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La investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente, acusado por tres delitos por supuestas irregularidades en la Diputación de Badajoz.
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La causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente y su implicación en el rescate de Air Europa.
- La investigación sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, imputado por revelación de secretos.
- Informe pendiente de finalizar del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el cobro de comisiones de obras públicas en Navarra y País Vasco.
Desde el entorno del Gobierno, algunos sectores han acusado a la unidad de actuar con fines partidistas, acusándoles incluso de ser los culpables de la filtración de los mensajes de WhatsApps entre el exministro de Ábalos y el presidente Sánchez.
La situación se tensó aún más cuando el exministro Ábalos denunció a la UCO por presunto espionaje ilegal, alegando que se habían vulnerado sus derechos durante la investigación del caso Koldo, mientras que ni la Directora de la Guardia Civil, Mercedes Gónzález ni el propio ministro del Interior, Grande-Marlaska haya salido en defensa de la labor que realiza dicha unidad.
Pese a la gravedad de los casos investigados, el apoyo institucional a la UCO es escaso. No ha habido incrementos significativos de plantilla, ni mejoras estructurales que permitan aliviar la sobrecarga de trabajo y con sueldos que no superan en algunos casos los 25.000 euros anuales. De hecho, según fuentes internas algunos equipos trabajan con medios obsoletos y poco avanzados tecnológícamente y se ven obligados a priorizar expedientes, dejando sin investigar delitos potencialmente relevantes.
El trabajo de la UCO ha sido, históricamente, fundamental para esclarecer casos emblemáticos de corrupción en España, desde Gürtel hasta Púnica o los ERE en Andalucía. Sin embargo, la falta de respaldo actual y las presiones políticas del entorno de Moncloa están afectando a su independencia como a su capacidad de operar de manera eficiente.
