La Guardia Civil ha recibido la confirmación de WhatsApp y Google acerca de la conservación de los mensajes borrados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Han sido enviados por la Unidad Central Operativa (UCO) dos oficios al Tribunal Supremo para notificar que las dos empresas han accedido positivamente a la solicitud de retener los datos telefónicos del FGE, quien es objeto de una investigación por un delito de revelación de secretos, a raíz de la denuncia presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez encargado del caso ya rechazó las apelaciones del titular del Ministerio Público y decidió mantener vigentes las comisiones rogatorias.
El 29 de enero, WhatsApp atendió la solicitud, de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso The Objective. Por su parte, Google respondió unos días después, el 10 de marzo, «confirmando que se ha procedido a lo solicitado».
El juez Ángel Hurtado, quien está a cargo del caso contra García Ortiz, emitió dos comisiones rogatorias dirigidas a Irlanda «con el fin de tratar de asegurar y proteger los datos que las mercantiles WhatsApp y Google podrían poseer en relación a los hechos investigados».
Hurtado busca obtener la información que García Ortiz envió y recibió en su dispositivo móvil entre el 8 y el 14 de marzo del año anterior, momentos en los que supuestamente ocurrió la filtración de los correos en los que González Amador reconocía haber realizado dos fraudes fiscales y proponía un acuerdo a la Fiscalía para evitar un juicio que podría mandarle a prisión.
Se ha demostrado por parte de los investigadores que el teléfono del FGE fue cambiado en el momento en que ya se encontraba bajo investigación, lo cual justificó como una medida de protección de datos del Ministerio Público.
Los mensajes en cuestión
Las compañías fueron requeridas por la UCO los días 28 y 30 de enero para que garantizaran la protección de los datos, los cuales podrían estar vinculados a la divulgación de información reservada acerca del compañero sentimental de Ayuso.
WhatsApp recibió la petición del magistrado para obtener los mensajes que García Ortiz envió y/o recibió, especificando los detalles fundamentales relacionados con estas interacciones, incluyendo archivos multimedia y el historial de las comunicaciones (fecha, hora, origen, destino y tipo de mensaje).
A Google se le solicitaron los datos guardados y asociados a su cuenta, los cuales el fiscal general también habría borrado.
La semana pasada, una comisión rogatoria hacia Estados Unidos fue solicitada por Hurtado para conseguir datos de los servidores de WhatsApp, que están bajo la jurisdicción de ese país.
La determinación se basa en un mensaje enviado por las autoridades de Irlanda, quienes señalaron que la petición de datos a la empresa de mensajería instantánea tendría que plantearse hacia la nación del norte.
Detalles técnicos sobre la autenticidad de los documentos difundidos y la posible trazabilidad de los mensajes asociados a la filtración también habrían sido solicitados por el juez que está encargándose del caso de García Ortiz en el Supremo.
Esta noticia sería fundamental para progresar en el caso, que pone en tela de juicio al principal encargado del Ministerio Público, quien intenta invalidar el procedimiento afirmando que la inspección de su oficina el 30 de octubre anterior fue excesiva.
El 20 de enero pasado, Hurtado emitió una comisión rogatoria en la que pedía a Google y WhatsApp que proporcionaran información sobre las cuentas de usuario de García Ortiz entre el 7 y el 14 de marzo, las fechas cruciales en las que habría sucedido la filtración de datos del pareja de la presidenta de Madrid.
La decisión fue adoptada por el juez después de evaluar que la petición de la UCO era «razonable» y «coherente» para intentar recuperar los datos de las aplicaciones de mensajería relacionadas con los dispositivos del fiscal general.
Después de que se informara por parte de la Guardia Civil de que habían encontrado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron confiscados durante la inspección, se lleva a cabo esta medida.
La Asociación de Fiscales Profesionales e Independientes (Apif) solicitó que se demande la información a las oficinas de las empresas en España, al considerar que las comisiones rogatorias pueden detenerse ya que «requiere de la colaboración del ministro de Justicia y del magistrado de enlace, ambos nombrados por el Gobierno y, por tanto, susceptibles de tener un interés directo en la causa».
La combinación de estos elementos (viajar a Irlanda y depender de individuos vinculados al Gobierno) «podría provocar que la fase de instrucción quedase indefinidamente paralizada a la espera de conseguir esos datos, cuya obtención podría demorarse a voluntad».
