El demandante sostiene que el precio se fijó con datos de diciembre de 2017 que no reflejaban el estado real de la sociedad
Tal como informó Vozpópuli, el Juzgado Mercantil Nº 2 de Madrid verá los próximos 20 y 21 de octubre el juicio por la demanda de un socio minoritario de las clínicas dentales Vivanta contra la gestora Portobello, por el presunto perjuicio creado con la compra de Grupo Vera Dental, con un sobreprecio estimado en 6,2 millones.
Vivanta es resultado de la compra de seis empresas por parte de Portobello Capital: Unidental; Laser 2000; Plénido; Avandent; Grupo Clínico Dental Dr Senís; y Anaga Dental.
La demanda, admitida a trámite el 1 de octubre de 2020, y a la que ha tenido acceso EFE, se dirige contra los socios fundadores de Portobello Íñigo Sánchez-Asiaín, Ramón Cerdeiras y Juan Luis Ramírez; Carlos Dolz, socio de la gestora, y Juan Olave, que era el consejero delegado de Vivanta en el momento de los hechos.
Según sostiene el demandante, Grupo Vera estaba compuesta por tres sociedades, una de las cuales no tenía actividad en 2016, no tuvo ingresos en 2017 y se encontraba inmersa en causa de disolución por patrimonio neto negativo.
Portobello adquirió Vera por 14 millones de euros, aunque informes periciales rebajaban su valor hasta siete millones de euros, indica la demanda, que menciona también una valoración de activos o «due diligence» efectuada por PwC, en la que se ponían de manifiesto inconsistencias contables y no reconocía como fiables las cifras de beneficios.
Asimismo, la información financiera del Grupo Vera era deficiente, así como las prácticas operativas en sus clínicas; sus cuentas no reflejaban el nivel real de producción pendiente, es decir de los tratamientos con los pacientes cobrados y sin realizar.
El balance de sumas y saldos a 30 de junio de 2018 ofrecía una imagen patrimonial de Vera peor de la que ofrecían los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, añade la demanda.
De ahí que aunque la compra de Grupo Vera por parte de Vivanta se cerró en noviembre de 2018, el demandante sostenga que el precio se fijó con datos de diciembre de 2017, que no reflejaban el estado real de la sociedad, por lo que la operación se cerró con un perjuicio para Vivanta de 6,2 millones de euros.
