El juez instructor del Supremo señala que la actuación del fiscal general partió de “indicaciones de Presidencia del Gobierno” y tenía como fin “ganar el relato” frente a una información que afectaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aunque su nombre no aparece como objetivo directo, el auto describe una intención clara de perjudicar su figura política.
El Tribunal Supremo ha abierto una causa de gran calado institucional en torno a la filtración del correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En un auto conocido hoy, el juez Ángel Luis Hurtado que abre procesamiento por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que estaría a punto de sentarse en el banquillo, se activó por indicaciones recibidas desde la Presidencia del Gobierno.
El objetivo, según el propio juez, no fue otro que “ganar el relato” mediático frente a la información publicada por El Mundo el 13 de marzo, que revelaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto penal a González Amador. Ese mismo día, a las pocas horas, la Cadena SER difundió un correo que desmontaba esa versión y que había sido obtenido, según el auto, de forma irregular por orden del fiscal general.
El correo electrónico en cuestión, fechado el 2 de febrero de 2024, fue enviado por el abogado defensor Carlos Neira al fiscal del caso, y en él se reconocían expresamente “dos delitos fiscales” cometidos por González Amador. Este mensaje formaba parte de las conversaciones sobre una posible conformidad penal, lo que le confería un carácter confidencial y protegido.
Según el auto, al que ha tenido acceso El Distrito, Álvaro García Ortiz ordenó a la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que consiguiera de inmediato ese correo y se lo enviara, no a su correo institucional, sino a su cuenta personal de Gmail. A continuación, el contenido fue filtrado a la Cadena SER, que lo difundió esa misma noche en su programa Hora 25 y posteriormente en su web bajo el titular: «El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto de conformidad declarándose culpable de dos delitos».
Un plan con origen en Moncloa
El juez instructor afirma de forma tajante en el auto que la reacción de García Ortiz se produjo “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. La finalidad, según el auto, no era jurídica sino política y comunicativa: contrarrestar la narrativa publicada por El Mundo y dejar claro que no fue la Fiscalía, sino la defensa, quien propuso el pacto.
La expresión “ganar el relato”, utilizada reiteradamente en el documento judicial, resume el núcleo de la estrategia. Para ello, se activó una operación institucional que incluyó el envío del correo a periodistas y su posterior uso parlamentario como munición política contra la presidenta madrileña.
El nombre de Ayuso, ausente como objetivo directo… pero presente en el trasfondo
Es importante destacar que el nombre de Isabel Díaz Ayuso no aparece en el auto como objetivo directo de la actuación del fiscal general ni de la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, el juez del Supremo detalla de forma minuciosa que toda la actuación gira en torno a un documento que afectaba a su pareja, y que fue explotado mediáticamente y políticamente en su contra.
El propio juez lo expresa así: “Conscientes ambos [los fiscales], de que revelaría el confidencial contenido de ese correo […] lo facilitaron a un medio como la Cadena SER para que le diera publicidad”, y añade que la información se utilizó en la Asamblea de Madrid “en contra de la Presidenta de la Comunidad”.
Así, aunque no se diga literalmente que el objetivo era perjudicar a Ayuso, la finalidad comunicativa y política descrita por el juez deja claro que su figura pública era el blanco de esta operación. Todo el dispositivo se activa tras una exclusiva que involucra a su pareja, y culmina con un ataque en sede parlamentaria.
Todo ello, según el juez del Supremo, “vulneró el derecho de defensa del afectado”, comprometió la “imparcialidad del Ministerio Fiscal” y puso en cuestión el prestigio institucional del organismo.
Además, el auto recoge que Álvaro García Ortiz borró el contenido de sus dispositivos electrónicos, lo que dificultó la investigación y refuerza la sospecha de que actuó con conciencia de que la filtración podía ser constitutiva de delito.
