El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registre la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia, en el marco de la causa en la que se le investiga por el presunto cobro de comisiones -en efectivo y en especie– a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.
Fuentes jurídicas han confirmado que los agentes de la Benemérita se han personado a las siete de la mañana de este martes en el inmueble propiedad del actual diputado del Grupo Mixto. Al parecer el exministro no se encontraría en el interior de la vivienda pero si su abogada.
En el informe que presentó la UCO el pasado marzo sobre el patrimonio de Ábalos, el exministro figura como propietario de una vivienda en Valencia comprada en 1987, del que sería dueño al 100% «una vez liquidada la sociedad conyugal con su entonces esposa».
Los investigadores buscan cualquier tipo de documento, dispositivo electrónico, o indicio que pueda arrojar luz sobre las conexiones financieras y las decisiones administrativas tomadas durante el periodo en que Koldo García operaba supuestamente en la trama.
Los agentes indagan en la búsqueda de información sobre el supuesto pago de comisiones en obras del Ministerio de Transportes que había denunciado el empresario Víctor de Aldama. Concretamente, se trataría de los modificaciones de obra que el comisionista , también imputado en la trama, aportó en base al caso Koldo.
Para ello, aportó al juez del Supremo una copia de los mensajes que tuvo que mantuvo con el exasesor del ya exministro Ábalos a través de WhatsApp con sobre la adjudicación amañada de obras públicas entre ambos.
A lo largo de la investigación, Ábalos ha pedido al magistrado que aparte a la UCO de las pesquisas. Acusa a los agentes de realizar «filtraciones» sobre su vida, algo que –a su juicio– «denota tintes de inquina y venganza». Tanto el instructor como la Sala de Apelación han denegado sus reclamos.
Además, también entregó un manuscrito que atribuía al exasesor de Ábalos y en la que se hablaba de obras que se habrían realizado en capitales de provincia como Huesca, Valladolid o Lugo entre otras. Adjudicaciones que no todas tenían que ver con carreteras, y por las que en total habría recibido presuntamente entre tres y cuatro millones de euros como conseguidor de la trama. Un dinero que, según detalló, se repartía entre Koldo y Ábalos.
Este movimiento se enmarca dentro de una pieza secreta de la instrucción que dirige el magistrado Leopoldo Puente en el Supremo, donde Ábalos está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación.
El Caso Koldo estalló a finales de 2024, revelando una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. El epicentro de la investigación se situó rápidamente en torno a Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor personal de José Luis Ábalos cuando este era ministro de Transportes.
Las pesquisas iniciales de la Audiencia Nacional apuntaron a que Koldo habría mediado para que varias empresas se hicieran con contratos millonarios de mascarillas y otro material, a cambio de comisiones y mordidas que presuntamente habrían enriquecido ilícitamente a los implicados. La investigación ha revelado movimientos de grandes sumas de dinero y un estilo de vida que no se correspondía con sus ingresos declarados.
