Este miércoles, el movimiento por la vivienda en Madrid lanzó un llamamiento para unirse a la primera manifestación nacional a favor de la vivienda y amenaza con una huelga de alquileres. La manifestación se llevará a cabo el 5 de abril, con el objetivo de poner fin al «comercio de la vivienda» y demandar que se reconozca como un derecho. Además, han instado a la huelga de alquileres y al activismo comunitario como la única respuesta ante unas autoridades que, según enfatizan, no contribuyen a la solución.

Específicamente, los gremios de arrendatarios han organizado para el sábado 5 de abril protestas en alrededor de treinta ciudades a lo largo de España bajo el lema ‘Terminen con el negocio de la vivienda‘. En Madrid, la manifestación tendrá lugar a las 12:00 horas en Atocha, respaldada por diversas asociaciones y grupos sociales y sindicales.

En una conferencia de prensa celebrada en Ateneo La Maliciosa, representantes del movimiento de vivienda en Madrid han instado a apoyar esta primera protesta a nivel nacional, diseñada para denunciar la «opresión» económica que enriquece a una «pequeña élite rentista» a expensas de imponer «costos exorbitantes» a una gran sección de la población, con valores de los alquileres y la compra de viviendas que aumentan a un ritmo superior al de los salarios.

En su exposición, Valeria Racu, representante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha afirmado que «la única alternativa» a un problema habitacional que ha caracterizado como «insostenible» consiste en «eliminar» el modelo «de especulación y rentismo». «Este no es un error del sistema, sino una consecuencia directa del mismo. Es un problema estructural que solo se resolverá si retiramos nuestras viviendas del mercado y si hacemos desaparecer el negocio de la vivienda», ha argumentado.

Con respecto a esto, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha sostenido que «en oposición a los gobiernos que defienden los intereses de la industria inmobiliaria y turística» únicamente «la organización sindical de base tiene la capacidad de derribar el sistema de rentas que fundamenta el modelo de vivienda vigente».

«Está bastante evidente que nuestra solución o nuestra esperanza ya no se encuentra en las instituciones. Está claro que es tiempo de desobedecer sus normativas, y por esta razón hacemos un llamado a desobedecerlas de forma colectiva. Por eso afirmamos sin reservas que no abandonaremos nuestros hogares, que permaneceremos aquí, y que cuando un contrato finalice o si intentan echarnos, no nos iremos y nos organizaremos», ha sostenido la portavoz, que ha instado a convertirse en «grupos indestructibles».

Huelga de alquileres

En este contexto, ha instado «a organizar y convocar» protestas «de alquileres o incluso de hipotecas» para frenar «el rentismo y la especulación». «Si no se reducen los alquileres, si no se disminuyen los precios, los reduciremos nosotras con una huelga de alquileres», ha argumentado.

Como ha enfatizado, la protesta constituye «un recurso válido de combate contra el rentismo como sistema parásito» y ha señalado que ya se ha iniciado una «fase inicial» contra grandes tenedores debido a cláusulas excesivas que no son negociables.

En las solicitudes de los sindicatos de arrendatarios se incluye una reducción «inmediata» del 50% en los precios de los alquileres, la instauración de contratos de arrendamiento indefinidos, la recuperación de inmuebles desocupados, turísticos y de alquiler temporal para que ejerzan una función social, así como la finalización de la compra especulativa, la desarticulación de los colectivos de ‘desokupación’, el incremento del parque de vivienda pública y la disolución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Hay vivienda de sobra

Kevin Martínez, representante de PAH Vallekas, ha argumentado que, a diferencia de lo expuesto por el Gobierno, existen viviendas disponibles, pero estas se están utilizando con fines lucrativos. «Existen propiedades, lo que realmente falta son arrendadores», ha enfatizado para justificar la expropiación de dichas viviendas a fondos especulativos o la Sareb, «fundada con fondos públicos«, con el objetivo de que cumpla su cometido.

«Deseamos un espacio público destinado a la vivienda donde seamos nosotras quienes manejen la gestión adecuadamente. Si tenemos conocimiento de que el Gobierno no cederá, y que las casas no nos serán entregadas, las recuperaremos por nuestra cuenta», ha señalado.

En esta misma dirección, ha señalado los peligros de las compañías desokupas, definidas como «una manifestación violenta del sector inmobiliario» compuestas por «extorsionistas profesionales afines a la ideología fascista» que se benefician «a cambio de que abandonemos nuestros hogares». En este contexto, ha demandado el «desmantelamiento inmediato» de estas entidades, «la absolución de todas las personas» implicadas en casos de desahucios y el «cese de las campañas de criminalización».

«Se nos presenta como criminales para legitimar su represión. Ante esta situación, consideramos que la ocupación constituye una forma de resistencia y una respuesta a un sistema que expulsa de manera sistemática a quienes no podemos afrontar arrendamientos exorbitantes», ha enfatizado.

Poner fina a los desahucios

En cuanto a Darío Cortabitarte, quien actúa como portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, ha criticado que a diario se realicen 82 desahucios (cifras del 2024), y ha señalado que el llamado ‘escudo social’ implementado por el Gobierno ha mostrado su «ineficacia evidente» al no lograr el cese de estos procedimientos y la provisión garantizada de agua, electricidad y gas para los arrendatarios. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de poner fin a la «Ley Mordaza» y en la solicitud de una «amnistía total y sin condiciones» para «todas las personas que han sido reprimidas por luchar para detener todos los procedimientos legales en curso».

«Desean someternos a una situación de vulnerabilidad, mientras que el gobierno subsidia a aquellos que obtienen rentas y a los que especulan a través de bonos y ayudas», ha expresado, recordando las sanciones que los movimientos populares enfrentan al combatir los desalojos de la viviendas. «Pretenden mantenernos solas y temerosas, pero nos hallarán unidas y en la batalla», ha enfatizado.

Alberto Ruiz, secretario general de CNT Madrid, también se ha expresado en este sentido, recordando que «realizar sindicalismo no es un crimen» para criticar la «represión» que enfrenta este movimiento contra unos «patrones y capitalistas» que son «contrarios a la clase trabajadora, por lo que justificamos una huelga de alquileres».

Desde Madrid, el Movimiento Feminista ha resaltado que «asegurar la vivienda» también implica «combatir las violencias de género», mientras que Ecologistas en Acción Madrid ha instado a invertir en «viviendas dignas que sean habitables» y en ciudades «pensadas para las personas y no para la especulación», en contraposición a unas administraciones cuya «única política habitacional consiste en seguir urbanizando sin límites».